Torra carga contra la sentencia del 'procés': "Es un insulto a la democracia"
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado que enviará al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sendas cartas para pedirles una "reunión urgente" con el fin de "tratar la crisis que se abre con la sentencia" del 'procés' del Tribunal Supremo.
Torra ha comparecido en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, flanqueado por los consellers de su Govern, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y miembros soberanistas de la Mesa de la cámara catalana, así como el expresident Artur Mas, entre otras personalidades políticas catalanas.
En su declaración institucional para reaccionar a la publicación de la sentencia del 'procés', Torra ha avanzado que en los próximos días comparecerá en el Parlament para abordar este asunto y este martes por la mañana el Govern celebrará una reunión extraordinaria.
Torra pedirá por carta las reuniones con el rey y Sánchez en un momento en el que Cataluña "vive una hora grave", tras conocer una sentencia contra personas "honorables y pacíficas": "Condenarlas es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana", ha subrayado. "El Govern y yo mismo como presidente rechazamos esta sentencia por injusta y antidemocrática, por formar parte de un juicio político y de una causa general contra el derecho a la autodeterminación de Cataluña y el independentismo", ha afirmado.
En un discurso en el que ha combinado catalán, castellano e inglés, Torra ha remarcado que organizar un referéndum "no es ningún delito" estipulado en el Código Penal y ha denunciado que "se han inventado hechos y un relato falso" para llevar a cabo "un acto de venganza y no de justicia".
En este contexto, ha exigido "el fin de la represión y la libertad de presos políticos y exiliados, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas". Ha subrayado que el camino para solucionar el conflicto debería ser siempre "la palabra, el voto y la libertad", pues "la amenaza, el castigo y la prisión no son solución para nada".
"El uso del Código Penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia", ha alertado.