A poco más de un día para que entre en vigor el plan de ahorro energético, el Gobierno mantendrá una reunión con las comunidades autónomas durante la mañana de este lunes para abordar posibles cambios al real decreto ley.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha manifestado en una entrevista al programa Buenos Días que la reunión debería haberse realizado hace un mes y espera que en base a las propuestas de las comunidades se modifiquen “aquellas cosas que puedan ser perjudiciales para la industria, el comercio y la actividad económica” o incluso que se retire el texto y se elabore uno nuevo.
Ossorio afirma que el plan aprobado es "invasivo" y defiende que hay que aprobar medidas destinadas a la gestión eficiente de la energía, pero que el plan no puede aplicarse “de manera uniforme” para toda España.
Además, ha criticado la falta de diálogo y consenso por parte del Gobierno a la hora de elaborar y aprobar sacar adelante dicho plan de ahorro.
“Esperamos que en base a lo que propongan las comunidades se retire este real decreto y se elabore un nuevo plan de ahorro energético teniendo en cuenta las circunstancias de cada sector”, ha remarcado.
Respecto al apagón de los escaparates a partir de las 22 horas, incluido en el texto, afirma que la medida expulsa a los clientes. "El Gobierno tendría que haber hecho cálculo de las consecuencias que tendría en una capital europea como Madrid para el turismo”, apostilla.
La reunión estará presidida por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
En la misma línea, Ossorio se reunirá a lo largo de este lunes con comerciantes y hosteleros para “intentar aclarar dudas” y “pensar qué es lo que podemos hacer para que este decreto perjudique lo menos posible a la Comunidad de Madrid".
El Ministerio de Transición Ecológica ha explicado que el objetivo de la reunión con las comunidades es "alinear las políticas de ahorro y eficiencia energética de todas las administraciones y reafirmar el compromiso de ahorro de un 7% del consumo energético adquirido por España ante la UE para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas del conflicto en Ucrania".