Reclama sus derechos y culpa al Gobierno de no escuchar a las víctimas que viven situaciones tan dramáticas como la suya.
Denuncia que no todos los okupas son vulnerables y muchas víctimas se convierten en vulnerables por las consecuencias de la ocupación.
Su inquilina lleva más de 2 años sin pagar el alquiler de 625 euros. Desde entonces, además de perder la renta, le está pagando la comunidad, la calefacción, el agua...
En la casa vive una familia de búlgaros, una mujer de 35 años con su hija de 16 años y la abuela. Alega que no tiene trabajo y está protegida por la ley de escudo social que impide los desahucios. El juez, atendiendo a los informes de los trabajadores sociales, no dicta un alzamiento por su condición de vulnerabilidad.
María Luisa no puede recuperar su casa y está viviendo en el sofá de unos amigos. Su situación económica también es crítica. Es autónoma y trabaja como agente de seguros y hay meses en los que su facturación no supera los 500 euros y como autónoma paga más de 300.