El Gobierno ha decidido que los restos de Francisco Franco sean exhumados el próximo 10 de junio del Valle de los Caídos y enterrados en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo (Madrid).
No obstante, y aunque esa fecha podría retrasarse si el Tribunal Supremo suspende cautelarmente la exhumación, los vecinos de esta localidad residencial de El Pardo se preguntan si el Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de los problemas de seguridad que esto conlleva y si ha tomado las medidas correspondientes.
Problemas de seguridad
El programa Buenos Días Madrid ha recogido los testimonios de los vecinos residentes en esta tranquila urbanización cercana al cementerio de Mingorrubio y la mayoría de las opiniones coinciden en que el Gobierno “se quita el muerto de encima para encasquetarlo en otro sitio sin tener en cuenta nada más, como la seguridad", opina una vecina. "¿Han preguntado a los habitantes de El Pardo?", cuestiona.
“Dicen que no puede ir a La Almudena por problemas de seguridad, ¿y en el Pardo no hay problemas de seguridad?”, se preguntan varios residentes, que creen que se puede producir tanto problemas por la gente que venga en peregrinación como con gente que pretenda algún tipo de ataque.
Creen los vecinos que son problemas que pueden producirse en cualquier sitio donde se lleven los restos de Franco y piden al Gobierno de Sánchez que monte un dispositivo de seguridad para garantizar que no se produzcan.
Los restos de Carmen Polo
Según el Gobierno, los restos de Franco serán enterrados de nuevo en el panteón de Mingorrubio, de titularidad estatal, ubicado en el cementerio de El Pardo (Madrid), donde además están ya enterrados los de su mujer, Carmen Polo.
El cementerio está gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, pero Patrimonio Nacional conserva la propiedad de la cripta donde reposan los restos de Carmen Polo desde el 7 de febrero de 1988.
Para el Gobierno de Sánchez el objetivo ha sido separar la exhumación de las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo y "garantizar así el transcurso de un tiempo suficiente para salvaguardar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los interesados". "Ello sin perjuicio de que dicha fecha pueda ser pospuesta si el Tribunal Supremo suspendiera o anulara el acuerdo, en el seno del procedimiento contencioso en curso", aclara el Gobierno.
