Echar a un okupa implica un proceso legal en el que el propietario tiene que invertir tiempo y dinero. Este proceso, que comienza cuando el dueño pone la demanda y que termina con el lanzamiento por una orden judicial, tiene una duración de aproximadamente 8 meses.
Lo primero que tenemos que tener claro es el tipo de okupas que tenemos en nuestra casa; ni es lo mismo -ni sigue el mismo procedimiento- desalojar a alguien que le ha pegado una patada a la puerta de nuestra casa que sacar a un inquilino que no paga.
Lo primero se denomina “allanamiento de morada”, va por la vía penal y debe denunciarse en comisaría y lo segundo es un “impago” que va por la vía civil y tarda porque hay que esperar al juicio.
En cualquiera de los casos, supone los siguientes costes aproximados para el propietario:
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Abogado: 1.200 euros de media
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Procurador: 400 euros de media
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Cerrajero: corre a cargo del propietario y cuesta unos 300 euros de media
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Dinero no cobrado: por la explotación de la vivienda, como por ejemplo no cobrar el alquiler
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Desperfectos: donde se incluye el acta notarial (300 euros de media) y los costes de reparación de desperfectos.
Si hacemos la suma, además de algún coste adicional como colocar una puerta antiokupa, poner alarma, etc., volver a entrar en nuestra casa nos puede costar entre 2.500 euros y 10.000 euros.