El primer puente festivo bajo el nuevo decreto del Gobierno, que obliga a registrar hasta 42 datos personales de los huéspedes en hoteles, casas rurales y campings, ha generado malestar tanto entre empresarios como entre clientes.
La medida, que pretende reforzar la seguridad, ha sido criticada por su complejidad y por su impacto en el sector turístico.
Entre los datos solicitados se incluyen información personal como el método de pago y detalles bancarios, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad.
Según Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, esta normativa “expone demasiado al cliente y abre la puerta a posibles estafas”. Además, aclara que solo es necesario indicar el parentesco si se viaja con menores de 14 años, desmintiendo rumores sobre un mayor alcance de esta exigencia.
Empresarios del sector señalan que las nuevas obligaciones burocráticas podrían desincentivar a los turistas, especialmente a aquellos que prefieren opciones como las autocaravanas, que están menos reguladas.
“Estamos pegándonos un tiro en el pie como líderes mundiales en turismo”, afirma Alfaro, quien abogó por solicitar un informe de la Agencia Española de Protección de Datos para evaluar el impacto real de la normativa.