El partido político Iustitia Europa ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional (AN) contra la orden ministerial de Interior que aplica el real decreto sobre el registro documental para las empresas de hospedaje y alquiler de vehículos, y solicita la suspensión cautelar de esa norma.
La formación, presidida por el abogado Luis Pardo califica la norma de "flagrante violación de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), por parte de un Gobierno que camina hacia la deriva institucional".
A su juicio, el real decreto "invade la privacidad de millones de turistas, ciudadanos españoles y extranjeros" dado que exige "información extremadamente sensible, como datos financieros, relaciones familiares o de parentesco y métodos de pago".
En el recurso, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, se plantea la posible inconstitucionalidad de esa norma por contravenir los artículos 18 y 19 de la Constitución --relativos al derecho a la privacidad y al principio de reserva-- y los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Solicita también como medida cautelar la suspensión de la norma porque, argumenta, "su ejecución supondría un perjuicio irreparable". "No podemos permitir que una normativa tan intrusiva y desproporcionada afecte a millones de ciudadanos mientras se decide su legalidad", ha añadido Pardo.
HOTELEROS DE MADRID
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) denunció este miércoles en un comunicado la incertidumbre jurídica y los fallos técnicos en el nuevo sistema de registro de huéspedes.
Este lunes, 2 de diciembre, concluyó el periodo de adaptación establecido por el Ministerio del Interior para que los establecimientos hoteleros se familiarizasen con la plataforma destinada a comunicar los datos registrados de los huéspedes.
Sin embargo, "la situación vivida este lunes, con una plataforma inoperativa durante gran parte de la jornada, evidencia las deficiencias en la implementación de esta normativa", aseguró.
El pasado viernes, el Gobierno anunció el inicio de un procedimiento de consulta pública para desarrollar el Real Decreto 933/2021. Este proceso deberá especificar aspectos fundamentales, como el nuevo modelo de parte de viajeros, las formas telemáticas de transmisión de los datos, los criterios para registrar y guardar la información y la determinación final de los datos que serán de obligatoria comunicación.
Desde AEHM consideran que no era el momento de exigir el cumplimiento del decreto sin haber resuelto previamente estas cuestiones clave, más aún, teniendo en cuenta los fallos técnicos que están afectando al sistema.