El equipo de Gobierno de Manuela Carmena ha sacado adelante, con el apoyo del PSOE, un plan económico financiero que, en lugar de proponer recortes por el incumplimiento de la regla de gasto en 2016, plantea al Gobierno una interpretación alternativa de la regla de gasto y las normas de estabilidad presupuestaria.
Con los votos en contra del PP y Ciudadanos, el Pleno de Madrid ha aprobado hoy este documento con el que el Gobierno de la capital española da un paso más en su estrategia de reivindicar al ministro Cristóbal Montoro el fin de las leyes de estabilidad presupuestaria.
El Ayuntamiento de Madrid incumplió en 2016 la regla de gasto en 233 millones -aunque según las cuentas del Gobierno municipal este incumplimiento no se hubiese producido de no tener que costear competencias impropias- por lo que está obligado por la ley de estabilidad presupuestaria a formular un plan que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos de gasto.
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que ha admitido su obligación de aprobar este plan, ha puesto sin embargo de manifiesto que Madrid tuvo el año pasado "superávit de manera sobrada" -de 1.022 millones de euros- y redujo 922,6 millones de euros su deuda hasta situarla en 3.845 millones de euros, por debajo de las previsiones. Por ello, el edil se ha mostrado contrario a aplicar recortes y ha instado al PP y a Ciudadanos a aclarar qué partidas y servicios quieren reducir.
En Madrid, ha dicho el delegado, "esa vuelta a la senda de la estabilidad no será en ningún caso realizada mediante la aplicación de recortes, porque sería inconcebible que en una situación como la que tenemos de superávit pidiéramos esfuerzos a una ciudad que lo que necesita es más inversión y gasto social".
El edil de Manuela Carmena ha respondido al PP que el Gobierno municipal en ningún momento se declara "insumiso" a la ley sino que, en lugar de asumir "dogmas" como haría el grupo de Esperanza Aguirre o Ciudadanos, pone "los intereses de Madrid por delante".
El portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, ha acusado al Gobierno de Ahora Madrid de incumplir la norma por su propia voluntad y ha instado al concejal a decidir "si cumple la ley" o va a un "conflicto institucional" que puede llevarle a ser inhabilitado o incluso a la intervención del Consistorio.
"No está colaborando en ese esfuerzo colectivo para salir de la crisis", le ha reprochado el edil popular, que ha calificado el plan económico financiero de Madrid de "panfleto" y "tomadura de pelo" que pide cambios normativos que "muy probablemente no se va a producir".
En esa misma línea, el concejal de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo ha acusado al delegado de Economía y Hacienda de incumplir la regla de gasto porque "ha querido" y para "enfrentarse" a Hacienda usando a los madrileños "como conejillos de indias". Para Ciudadanos, el PEF busca que Sánchez Mato vaya "de pueblo en pueblo (..) dando un mítin de lo mala que es la regla de gasto".
En cambio, la edil del PSOE-M Erika Rodríguez ha considerado injusta la actual regla de gasto que "penaliza a una ciudad que tiene superávit" e "impide ejecutar gasto público" perjudicando al crecimiento.
Por ello, los socialistas han reclamado un cálculo alternativo para medir el cumplimiento de la regla de gasto. En el texto aprobado hoy, el Gobierno municipal justifica, entre otras cuestiones, que gastó 101 millones pagando indemnizaciones "no atribuibles" al Ayuntamiento, que tampoco habría incumplido la regla de gasto si hubiese recibido las transferencias necesarias por la prestación de competencias impropias.
El Gobierno de Manuela Carmena ya incumplió la regla de gasto en 2015 en 17 millones de euros, tras lo que el Consistorio elaboró un PEF para 2016 y 2017 en el que se comprometía a seguir registrando superávit y a reducir "a buen ritmo la deuda" y que fue rechazado por el Ministerio de Hacienda.
El Ayuntamiento de Madrid ha reclamado en varias ocasiones al Ministerio la derogación de las reglas de estabilidad presupuestaria porque entiende que el escenario presente no requiere poner "limitaciones y cortapisas" a los municipios y denuncia que en el caso de Madrid deben cumplirla pese a tener superávit.
