El Gobierno podría obligar a facturar electrónicamente a autónomos y pymes españoles, a través de organizaciones privadas, algo que para Conectic (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica), incrementa el coste y, además pone en riesgo los datos de facturación y fiscales. Esta es la conclusión, tal y como nos ha explicado, Ray Fernández, miembro de esta confederación, a la que han llegado tras varios debates internos.
El cambio fundamental es la obligatoriedad, es decir, a partir del próximo año, la factura electrónica será obligatoria, pero para emitirla y recibirla hay dos caminos:
1.- La plataforma pública y gratuita, que de hecho ya existe, aunque con un funcionamiento muy complicado, la llamada FACE.
2.- Las plataformas privadas, que al tener que poner en conexión a cientos de plataformas (puesto que cada autónomo o pyme puedo utilizar la que quiera), hay que pagar los gastos que suponen interconectarlas y, por tanto, supone un sobre coste para sus usuarios. Además acarrea otro problema, y es que existirá una gran desprotección de los datos contenidos tanto en las facturas emitidas como en las recibidas, datos tanto fiscales como de facturación, y podrían usarse indebidamente por parte de terceros.
Conetic es partidario de establecer una plataforma como ya ha hecho Italia y está en camino de hacerlo Francia: una plataforma pública y gratuita, con lo que también evitas dar los datos a empresas privadas.
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