Muchas son las preguntas que plantea el acuerdo parlamentario para facilitar la estabilidad de los interinos con más de cinco años en un mismo puesto mediante un concurso de méritos y sin necesidad de realizar los exámenes de las oposiciones.
Hemos tratado de analizar en nuestra mesa de empleo público las principales incógnitas que se plantean si finalmente se aprueba el texto acordado por los partidos del gobierno con los grupos parlamentarios vascos y catalanes.
En primer lugar, Manuel Martos, presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales, sostiene que los procesos judiciales emprendidos por el colectivo no van a disminuir e incluso, pueden aumentar porque se producen situaciones de discriminación entre unos y otros.
En este mismo sentido, Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, considera que el acuerdo debería aportar seguridad jurídica para evitar ese incremento de procesos judiciales.
Por su parte, Rosa Ma. Robledano de UGT Servicios Públicos, defiende que el acuerdo debería contar con las organizaciones sindicales para que aporten su experiencia y se eviten los problemas que pueda generar la nueva normativa si finalmente se aprueba en el parlamento.
De todas formas, Martos cree que el acuerdo suscrito no supone una obligación para las distintas administraciones, con lo que tendrán que decidir cada una de ellas.
Otra cuestión que queda por despejar, es qué ocurre con los interinos del mundo de la educación que terminan su contrato cada verano y ejercen su labor en centros distintos cada curso.
En cuanto a sanidad, Robledano sostiene que los contratos de interinos en sanidad se mantienen hasta que se ocupa la plaza. Otra cosa son las personas que son contratadas para cubrir una necesidad puntual y que pueden enlazar contratos de uno o dos días.
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