El gobierno balear que presidía Francina Armengol certificó en agosto de 2020 que la empresa del caso Koldo llevó a cabo "de manera satisfactoria" el suministro de mascarillas contratado por 3,7 millones de euros aunque, tres años más tarde, acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.
La Conselleria de Salut del Gobierno balear emitió un certificado el 12 de agosto de 2020 en el que hacía constar, a petición de la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que no se tenía "conocimiento" en ese momento "de ninguna incidencia" y que los suministros realizados durante ese año habían sido satisfactorios.
El certificado, que obra en el sumario del caso Koldo al que ha tenido acceso EFE, se expidió a los efectos de la "participación" de la sociedad sobre la que pivota la investigación que dirige la Audiencia Nacional "en concursos públicos" y estaba firmado por el subdirector de compras y logísticas del servicio de salud de las islas, Antonio Mascaró.
El Govern balear compró en 2020 casi 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a esta empresa, pero, una vez suministradas, según informó la Conselleria de Salud, se solicitó un análisis y se determinó que las mascarillas no cumplían con los requisitos FFP2.
La administración balear, todavía presidida por Francina Armengol, acabó reclamando en 2023 a la empresa del caso Koldo 2,6 millones de euros, un asunto que, según el sumario, preocupó mucho a varios empresarios investigados y en el que habría tratado de intermediar a su favor Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos.
El equipo de Armengol sostiene que no hubo "estafa" con el material que el Gobierno balear adquirió a la empresa 'Soluciones de gestión y apoyo a empresas', vinculada a la 'trama Koldo', en abril de 2020 y destaca que, en aquel momento, la mayoría de administraciones también adquirieron material para uso domiciliario, aunque el objetivo era enviarlo a personal de los hospitales y de las Fuerzas de Seguridad.
Así lo aseguran desde el entorno de la expresidenta autonómica en respuesta a la información publicada este lunes por el diario 'El Mundo', en la que se afirma que el Ejecutivo balear abonó 3,7 millones de euros por esas mascarillas a sabiendas de que eran inservibles para fines sanitarios.
Esta información se basa en unos correos internos en los que el subdirector de Compras y Logística, Antonio Mascaró, dejaba constancia de que las mascarillas que habían llegado a Mallorca no eran para uso hospitalario. Desde el entorno de Armengol se ha facilitado la factura correspondiente a un pedido, con fecha del 29 de abril, en la que figura el pago a 'Soluciones de gestión' de 3,7 millones por "mascarillas protección facial FFP2 KN95 uso domiciliario".
El PP ha exigido este viernes la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al entender que el Gobierno balear que presidía entonces fue conocedor y colaborador de una presunta estafa; ella asegura que sería perjudicada por la trama de corrupción, defiende la "legalidad" de todos los contratos y garantiza que cuando se comprobó que el material no tenía la calidad acordada, lo reclamó.
"Yo dejé el expediente firmado para que se devolviera ese dinero y le exijo al actual gobierno de Baleares que ejecute ese expediente y consiga la devolución de ese dinero", afirma Armengol.
Por el momento, la investigación ha revelado que Koldo García acudió al exministro, a quien el juez llega a situar como "intermediario" en este asunto.
La Guardia Civil destaca en uno de sus informes que dos empresarios de la trama asumían que en este tema existía "un importante componente político", en referencia a que "el inicio del expediente se produjo por acción del anterior Gobierno balear (PSOE), y que el mismo actualmente se encuentra presidido por miembros del PP".