La Audiencia Nacional investiga, a raíz de una querella de Anticorrupción, a siete personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en el marco de la contratación de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia. Entre los investigados figura el mencionado Koldo García y las adjudicaciones públicas a la empresa Soluciones de Gestión.
El primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El importe alcanzó los 20 millones de euros.
Las miradas se han dirigido este lunes a la vicepresidenta primera María Jesús Montero, que hizo esa afirmación en relación a las sospechas que se cernían sobre José Luis Ábalos al descubrirse la trama corrupta.
Según la información del diario ABC, Montero conocía las irregularidades de la trama Koldo desde 2022.
Fue entonces cuando una auditoría de Hacienda a Puertos del Estado destapó la mediación de Transportes en la adjudicación de la empresa investigada.
Pero el ministerio de Montero no investigó nada a pesar de que el informe advertía de varios incumplimientos.