La exalcaldesa de Madrid Ana Botella ha declarado este miércoles que la operación de venta de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) al fondo de inversión Fidere fue “conforme a derecho” y ha insistido en que “se respetaron los derechos de los inquilinos”.
La Audiencia Provincial acoge desde el miércoles 3 el juicio de este caso, por el que están procesados el ex consejero delegado de la EMVS Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere, el fondo que resultó adjudicatario de las viviendas, Alfonso Benavides, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y para los que la acusación particular pide 8 años de cárcel e inhabilitación, aunque la Fiscalía pide en cambio su absolución.
Botella ha declarado ante el Tribunal en calidad de testigo, ya que aprobó el Plan de Viabilidad que contemplaba la enajenación de las viviendas en junio de 2013 junto a seis concejales de su equipo de Gobierno, que constituía a su vez la junta general de accionistas de la EMVS.
Cumplir con la legalidad
En respuesta a preguntas de la acusación particular, formada por la Asociación de Afectados, la exalcaldesa ha insistido en varias ocasiones que la EMVS “tenía autonomía” como ente independiente del sector público del Ayuntamiento y ha repetido en varias ocasiones que “no recuerda” o “desconoce” los detalles de la operación, al tiempo que ha indicado que su equipo de Gobierno “se limitó a cumplir con la legalidad” para “salvar la empresa”.
“El plan de viabilidad fue fundamental porque en un año la EMVS volvió a estar en positivo y gracias a eso ha continuado funcionando y ha podido continuar cumpliendo su fin social”, ha manifestado Botella.
La exalcaldesa ha recordado la situación económica que vivía España en 2013, cuando se produjo la operación, y las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a la que estaban obligadas las administraciones y los organismos públicos.
EMVS y ayudas sociales
Por ello, ha dicho que su gobierno “hizo lo que tenía que hacer” que, en su opinión era “mantener la EMVS y a la vez prestar las ayudas sociales básicas”.
La brevedad con la que Botella ha respondido a la mayoría de las preguntas ha provocado la queja de uno de los abogados de la acusación particular, Mariano Benítez de Lugo, que le ha pedido en repetidas ocasiones que “contestara a lo que se le preguntaba”.
Durante la declaración de la exalcaldesa se han escuchado gritos y protestas de miembros de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas de la EMVS que se encontraban a las puertas de la Audiencia Provincial.
Exonerados por el Tribunal de Cuentas
Ana Botella presidió en junio de 2013 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento que dio el visto bueno al informe de viabilidad que contenía la operación.
En diciembre de 2018, el Tribunal de Cuentas condenó tanto a Botella como a seis concejales de su equipo presentes en esa reunión a abonar los 22,7 millones de euros que se restaron al patrimonio público tras la autorización de la enajenación de las 1.860 viviendas, algo que se produjo de forma "ilegal, sin concurrencia ni publicidad y por debajo de su valor de mercado”.
Sin embargo, el 17 de julio de 2019 el Tribunal de Cuentas revocó la sentencia que condenaba a Botella y a los miembros de su equipo que autorizaron la operación, absolución que fue confirmada el 11 de junio de 2020 por el Tribunal Supremo.
