Un matrimonio de jubilados con un hijo con un 80 por ciento de discapacidad ha sido desalojado hoy de la casa en la que vivían en alquiler desde hace cincuenta años, situada en la calle Juan XXIII de Parla.
El abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Manuel San Pastor, ha explicado a Efe que el matrimonio estaba al corriente de pago del alquiler, de renta antigua, pero el arrendador ha decidido elevarla a 700 euros si querían continuar en la vivienda, un importe cercano a la pensión del matrimonio.
Un juez de Parla ha rechazado un dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en la que se insta a las autoridades judiciales a paralizar el desahucio, ha subrayado San Pastor.
Fuentes municipales han indicado a Efe que el 9 enero de 2017 la vecina desalojada fue atendida en la Oficina Municipal de la Vivienda, donde se le ofreció una vivienda del Plan Municipal que rechazó el 30 de enero porque le pareció pequeña.
El 9 de febrero de 2017 se le propuso que se inscribiera en la lista de espera de Bankia para optar a un alquiler social, un trámite que debe realizarse personalmente, pero no se presentó para continuar con la gestión, según las mismas fuentes.
Asimismo, el 2 de octubre de este año el matrimonio solicitó un informe a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Parla para pedir una vivienda a la Comunidad de Madrid.
El letrado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha instado al Ayuntamiento de Parla y a la Comunidad de Madrid a ofrecer una alternativa habitacional a esta familia, que se encuentra en una situación de especial necesidad.
"Las Administraciones públicas no pueden permanecer indiferentes ante casos tan dramáticos, incumpliendo la Constitución en lo relativo al derecho a la vivienda y las resoluciones internacionales", ha señalado San Pastor.
