El Gobierno aprueba la adenda al Plan de Recuperación para recibir 95.000 millones hasta 2026
- España recibirá más de 84.000 millones en préstamos y otros 10.000 millones en transferencias a fondo perdido
El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al proyecto de adenda al Plan de Recuperación –la cual remitirá a la Comisión Europea en los próximos días– en lo que es el primer paso para que España canalice más de 95.000 millones de euros en fondos Next Generation EU hasta 2026, ya que la Comisión Europea ha cerrado la puerta a ampliar los plazos.
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En concreto, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) prevé que España recibirá en esta segunda fase más de 84.000 millones de euros en préstamos, a los que se sumarán 7.700 millones en trasferencias a fondo perdido y 2.600 millones correspondientes al programa ‘RePowerEU’. Estos fondos se suman a los casi 70.000 millones correspondientes al Plan de Recuperación, de los que España ya ha canalizado 37.000 millones.
Ahora, el Ejecutivo comunitario tiene dos meses para dar el visto bueno al texto confeccionado por el Gobierno –aunque puede prorrogar el plazo– o, por el contrario, devolverlo para la corrección de algunos aspectos. En caso de dar su aval, el texto se trasladará al Consejo de la Unión Europea, que tendrá que deliberar en un mes y decidir si da su aprobación definitiva al proyecto.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendió la decisión del Gobierno de aprobar ya la adenda en vez de agotar los plazos establecidos, que se extendían hasta agosto. En este sentido, y ante las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Calviño señaló que este ejercicio se hace “por responsabilidad”, ya que, de no haberlo hecho, el adelanto electoral hubiera retrasado la aprobación de la adenda y, por tanto, frenado la marcha del despliegue de los fondos europeos.
PRÉSTAMOS
En cuanto al contenido de la adenda, el texto establece que los préstamos se canalizarán a través de tres instrumentos financieros. El primero es un fondo para comunidades autónomas, que cuenta con una dotación de hasta 20.000 millones de euros. Este importe se destinará a proyectos públicos promovidos por los Ejecutivos regionales, así como a otorgar financiación reembolsable al sector privado.
No obstante, cabe señalar que este paquete está destinado a financiar inversiones públicas en ámbitos elegibles. Estos son la vivienda social y asequible y la regeneración urbana; el transporte sostenible; la competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); el turismo sostenible; la economía de los cuidados; y la gestión de aguas y residuos y transición energética.
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El segundo instrumento para canalizar los fondos se centrará en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que pondrá en marcha dos líneas de financiación y dos fondos. El de mayor importe será la línea ‘verde’, con la que se financiarán inversiones de sostenibilidad medioambiental y crecimiento empresarial con hasta 22.500 millones de euros, de los que unos 1.000 millones irán destinados al turismo. La otra línea recoge 4.000 millones para incrementar el parque de vivienda en alquiler social o asequible.
Con respecto a los fondos, el ICO contará con otros 4.000 millones para financiar proyectos digitales innovadores de alto impacto en empresas emergentes que buscan expandirse, además de 1.500 millones para apoyar producciones realizadas por empresas del sector audiovisual en España.
FONDO DE CIBERRESILIENCIA Y SEGURIDAD
Por último, el tercer instrumento para canalizar los fondos será un conjunto de 12 fondos destinados al tejido productivo y proyectos regionales, que movilizarán más de 14.000 millones.
La mayor parte se destinará a flexibilizar y estabilizar el empleo, así como a la recualificación de trabajadores en transición –3.000 millones–; al ingreso mínimo vital (IMV) –2.530 millones–; a incentivos fiscales para fomentar la inversión verde de empresas y hogares –2.250 millones–; y a seguridad, defensa, aeronáutica, espacio y refuerzo de la ciberseguridad –2.200 millones–, la principal novedad de este instrumento.
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Otros 2.000 millones se destinarán a un fondo de coinversión en empresas españolas con fondos soberanos e inversores institucionales, mientras que 1.035 millones irán al refuerzo de la solvencia de las empresas. Por último, se usarán 913 millones para otorgar avales a través de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) y 400 millones para proyectos de impacto social y medioambiental.
