El Gobierno muestra su "apoyo absoluto" al fiscal general del Estado y ve una "elucubración" vincularlo con Presidencia
- El Supremo estudiará si anula la renovación de García Ortiz como fiscal general un día antes de que declare
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha calificado de "elucubraciones" las afirmaciones que vinculan a Presidencia de Gobierno con la filtración de datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y ha dicho que "no hay ninguna base documental" que lo sustente.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha expresado el "máximo apoyo y confianza" del Ejecutivo en el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo le haya citado a declarar como investigado por presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Y preguntada por el papel de Presidencia en este caso, Alegría ha dicho que no va a valorar "elucubraciones". "No hay ninguna base documental. Estamos en un Estado de derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá que no valore elucubraciones".
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La portavoz ha destacado asimismo que no hay "ninguna prueba concreta" que señale al fiscal general en el auto que ayer dio a conocer el Supremo y en el que cita como investigados tanto a García Ortiz, como a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
"Confianza en la Justicia y sobre todo confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado, máxime además cuando hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general, por eso también entenderán que no compartamos la decisión sobre el Fiscal General del Estado y su imputación", ha dicho.
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Alegría ha destacado que el origen del delito está en la pareja de Ayuso, y ha lamentado que "a estas alturas, que sepamos, todavía ni ha declarado".
"Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están, en el jefe de gabinete de la señora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que no ha dudado ni un minuto en utilizar todos los recursos y todas las amenazas con el objetivo y el objeto de tapar y proteger a la señora Ayuso y a su pareja", ha denunciado. Así, la portavoz del Gobierno ha indicado que Rodríguez explicó la semana pasado en sede judicial "la cantidad de mentiras que había trasladado con el objetivo de tapar a la señora Ayuso". "Esa es la realidad y esa es la situación en la que estamos. Por tanto, máximo apoyo y máxima confianza en el fiscal general del Estado", ha subrayado.
EL SUPREMO DELIBERARÁ SOBRE SU CONTINUIDAD UN DÍA ANTES DE QUE DECLARA COMO IMPUTADO
El Tribunal Supremo estudiará si anula la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado el próximo 28 de enero, un día antes de que declare como investigado ante el juez Ángel Hurtado por la presunta filtración denunciada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deliberarán ese día sobre el recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar, en diciembre de 2022, a García Ortiz como jefe del Ministerio Público.
La APIF defiende que García Ortiz "no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España", por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022, según indicó en febrero de 2024 en una nota de prensa, recogida por Europa Press.
La asociación menciona la anulación de nombramientos de Fiscales de Sala por desviación de poder, como en el caso de Dolores Delgado García, su antecesora en el cargo.
También incide en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo como fiscal general, decidió "privar" al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía.
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Hace además hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que, para la APIF, "si bien podría haber concurrido" en García Ortiz, "decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento".
La APIF subraya que la Fiscalía se configura como una institución esencial dentro del Poder Judicial, por lo que "no puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del Fiscal General del Estado, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo". Y apunta que coincide con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considerándolo no idóneo para el cargo.
