El juez Peinado aplaza al 18 de diciembre la declaración de Begoña Gómez
- El juez acepta su disculpa y descarta retirarle el pasaporte como habían solicitado las acusaciones populares
El juez Peinado que investiga a Begoña Gómez ha aplazado su declaración como investigada al próximo 18 de diciembre, al tiempo que ha descartado retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, como así le habían solicitado las acusaciones populares.
Así consta en un auto, recogido por Europa Press, en la que el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid accede a la solicitud de la defensa de Gómez, que había instado a la modificación de la fecha explicando que estaría de visita oficial en Brasil para asistir a la cumbre del G-20.
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Las acusaciones populares de Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias instaron al juez que prohibiese a Gómez a salir del país, le retirase el pasaporte y acordase comparecencias quincenales después de que ésta anunciase que no podía comparecer ante el juez por su asistencia a la cumbre
El magistrado considera "innecesaria y desproporcionada" la medida porque, a su juicio, "es difícilmente contempable que pretenda residir en cualquier otro país, con carácter prolongado en el tiempo".
En el escrito, recogido por Europa Press, las acusaciones interesaron subsidiariamente que se modifique la fecha de la citación de Begoña Gómez al próximo viernes 15 de noviembre, "fecha en la que aún no estará en viaje oficial".
Este movimiento de las acusaciones llegó después de que este lunes trascendiera un escrito de la defensa de Begoña Gómez en el que le detallaba al juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que si bien el pasado 5 de noviembre le notificó esa citación para darle en persona la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e intrusismo profesional, no podría acudir.
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La Asamblea de Madrid investiga una parte de lo que judicialmente se conoce como caso Begoña Gómez. La mujer del presidente está acusada de 4 delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su papel en adjudicaciones de contratos públicos a empresas de la trama Koldo, y apropiación indebida e intrusismo profesional, estos dos últimos relacionados con el software de la complutense que registró a su nombre.
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Sobre la mesa se han quedado numerosas cuestiones que, una vez más, quedan sin resolver.
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La principal, si recibió trato de favor en la Universidad Complutense por ser la esposa del presidente del Gobierno. El propio rector de la Complutense ya aseguró ante el juez que su cátedra se gestó durante reuniones en La Moncloa.
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Tampoco se aclaran las dudas sobre el papel de Carlos Barrabés, el empresario montó junto a ella el máster en Transformación Social de la Complutense y un año más tarde ganó un concurso público por valor de 10 millones de euros, tras dos cartas de recomendación de la esposa del Presidente del Gobierno.
