El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles que con las enmiendas a la Ley de Amnistía que han registrado el PSOE y sus socios se amplía "el acto de corrupción política" que llevó a Pedro Sánchez al poder, de forma que habrá una "casta de políticos que no van a tener responsabilidad" ante los juzgados.
"El hito fundacional de esta legislatura es un acto de corrupción política, que es aceptar que unos políticos queden eximidos de cualquier responsabilidad penal a cambio de sus votos. Si esos políticos apoyan al gobierno serán amnistiados", ha declarado.
"Ahora ya lo que está claro es que hay una casta de políticos que no tienen que tener ninguna responsabilidad ante los tribunales", ha abundado en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press.
En el caso de los actos de terrorismo, ha subrayado que afecta "no solamente aquellos actos que no tengan sentencia firme, sino todos". "Y claro, es preocupante que algunas de las enmiendas relativas al terrorismo hayan sido firmadas por el PSOE y por Bildu, los dos, lo cual encaja en esta deriva de sacar del Código Penal los actos de enaltecimiento del terrorismo y probablemente desemboque en indultos a presos etarras por delitos de sangre", ha declarado.
Según Feijóo, "ni el terrorismo ni la malversación serán delitos ni los Pujol robaron" si se aprueban las enmiendas registradas este martes a la ley de amnistía. En este punto, se ha preguntado hasta donde está dispuesto a llegar el PSOE contra el Estado de Derecho para "mantenerse en el poder".
El jefe de la oposición ha indicado que "someter a este chantaje a una democracia occidental no se había visto nunca en Europa". "Es una enmienda a la totalidad a 45 años de Constitución y al Estado de derecho", ha recalcado.
"En España hay dos cuestiones: el referéndum de autodeterminación y el indulto a los etarras. Nadie se atreve a decir si se van a producir o no. Ni siquiera el ministro más próximo a Sánchez y probablemente él tampoco", ha manifestado.
Feijóo ha señalado que Sánchez y el PSOE están "humillados en cada una de las votaciones por los diputados de Junts", con los que se reúnen fuera de la Cámara. "Algún día estudiaremos esto como la anomalía democrática más importante que ha tenido España", ha apostillado.
ERC y Junts, por separado y finalmente sin acuerdo con el PSOE, registraron este martes en el Congreso enmiendas a la proposición de ley de amnistía para que los delitos de terrorismo no queden excluidos y para garantizar que, aunque haya recursos, se levantan las órdenes de detención y las prisiones preventivas.
Tras largas negociaciones para intentar presentar enmiendas conjuntas, los dos partidos independentistas catalanes han registrado propuestas en solitario, aunque ERC ha pactado también ocho modificaciones de carácter más técnico con el grupo socialista, Sumar, EH-Bildu y BNG.
Las enmiendas de mayor calado político han quedado fuera de ese acuerdo. El jueves todas serán estudiadas en ponencia y la semana próxima en la Comisión de Justicia, antes de que la norma vuelva el pleno del Congreso en una tramitación exprés.
A la propuesta común de cubrir con la amnistía también los delitos de terrorismo, que quedaban excluidos en la proposición de ley que registró el PSOE, Junts añade otra enmienda para ampliar en dos meses el periodo cubierto por la amnistía -de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023- y pide que comience el 1 de noviembre de 2011.
Según ha explicado este partido, el objetivo de sus modificaciones es sortear los procedimientos "en los que, arbitraria e injustificadamente, se investiga y persigue a independentistas catalanes" por estos delitos, en referencia al caso Tsunami que se sigue en la Audiencia Nacional y en el que está imputado el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
ERC, por su parte, pide suprimir el umbral de gravedad que se establece en la exclusión de las torturas y tratos degradantes, para limitar el margen de interpretación de los jueces.
Varias de las enmiendas de ambas formaciones van dirigidas precisamente a evitar que posibles actuaciones judiciales retrasen la aplicación de la ley de amnistía.