El juicio del 'procés' llega a su fin. Cuatro meses en los que hemos escuchado las declaraciones de los doce líderes independentistas que se enfrentan a penas que suman 177 años de cárcel. La acusación ha presentado sus conclusiones. La Fiscalía insiste, con dureza, en el delito de rebelión. Habla incluso de un golpe de Estado. La Abogacía del Estado, en cambio, se mantiene en la sedición.
Los cuatro fiscales que llevan la acusación en la causa del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo expusieron este martes su informe de conclusiones definitivas.
El fiscal Javier Zaragoza ha desgranado durante la exposición de sus conclusiones definitivas las pruebas que en su opinión apuntalan lo que supuso un "golpe de Estado" a la democracia Española.
Para ese objetivo, según el fiscal, los doce acusados utilizaron tres pilares: el Parlament (mediante la aprobación de leyes inconstitucionales como la del Referéndum y la de Transitoriedad Política; la actuación del Govern (como "maquinista principal del proceso") y las asociaciones civiles como Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, que utilizaron la movilización popular como un "arma imprescindible" para sus fines.En lo que se refiere a la actuación del Govern, y en términos generales, el fiscal ha apuntado el hecho de que la convocatoria de referéndum fuera firmada por todos los miembros del exGovern de Carles Puidemont, la creación de estructuras de Estado (entre las que se encontrarían el uso de los Mossos d'Esquadra) o la estrategia exterior a través de Diplocat.
El "Estado Mayor" del 'procés'
Entre los documentos que apuntalan las acusaciones de rebelión y malversación de fondos públicos según el fiscal Zaragoza, el primero en intervenir de los cuatro que están adscritos al caso, se destaca la propuesta de acuerdo para la independencia promovida en el Parlament por Junts pel Sí y el documento denominado Enfocats y la agenda Moleskine, halladas en poder de Josep María Jové, entonces número dos del exvicepresiden Oriol Junqueras.
En estos documentos se plasma el resultado de reuniones que tuvieron lugar desde 2016 y luego en 2017 en las que siempre participaban las mismas personas, entre las que ha citado al expresident huido Carles Puigdemont y los hoy sentados en el banquillo Junqueras, los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull o Raül Romeva, a los que el fiscal Zaragoza ha calificado de el " Estado Mayor del 'procés'".
Hoja de ruta
Otro documento a destacar es la hoja de ruta de la ANC, cuyo expresidente y actual diputado suspendido, Jordi Sánchez, también está sentado en el banquillo. En dicho documento se refleja un cambio de ruta, el adelanto del referéndum, y se habla también de que las leyes para la consulta y las de desconexión "tenían que ser en octubre de 2017, y eso fue lo que pasó", ha apuntado Zaragoza.
Respuestas a los acusados
Otra parte de la intervención de Zaragoza ha ido dirigida a rebatir las declaraciones realizadas por los doce acusados durante sus interrogatorios en el juicio. Tras escucharles, según el fiscal "uno puede tener la sensación de que este plan ha sido una ficción o un mal sueño" porque ninguno de los procesados ha querido asumir responsabilidades".
Pero la realidad, según ha añadido, es que no cumplieron ni uno de los diez autos y sentencias dictados por el Tribunal Constitucional frente a los actos ilegales que iban cometiendo.
"No querían derogar la Constitución, pero aprobaron Ley de Transitoriedad política; manifestaban que el referéndum era una consulta que carecía de efectos jurídicos, entonces ¿para qué el artículo 4 de la ley de transitoriedad que le daba dichos efectos?", ha añadido el fiscal.
También ha respondido a los acusados que pese a que manifestaran que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue simbólica, la realidad es que las declaraciones de independencia a lo largo de la historia siempre se han producido mediante lectura de manifiestos, como ocurrió con la DUI en el Parlament.
En síntesis, "se produjo un grave riesgo de ruptura para el orden constitucional, y esto el Estado tuvo que revertirlo con un mecanismo excepcional", que fue el artículo 155 de la Constitución.
Defensa de la Ley
Otro de los bloques de la intervención del fiscal Zaragoza ha estado dirigido a combatir una de las premisas defendidas por los acusados, en el sentido de que la soberanía popular está por encima de la ley. "La supremacía de la voluntad popular por encima de la ley está en el origen de funestas experiencias históricas conocidas que no queremos que se vuelva a repetir", ha contrapuesto, en clara referencia a los totalitarismos.
También ha refutado el fiscal la idea deslizada por los acusados -la manifestó expresamente Junqueras durante su declaración- de que votar no es delito pero impedirlo por la fuerza sí. Esta idea fue utilizada según Zaragoza por el exGovern para mantener la convocatoria de referéndum del 1 de octubre del 2017, proteger las votaciones e impedir la acción de las fuerzas de seguridad del Estado.
Pese a estos planteamientos, Zaragoza ha manifestado que "impedir la celebración de un referéndum no solo no es delito sino que es una obligación legal, porque la convivencia se preserva respetando las leyes y los mandatos judiciales, y no incumpliéndolos palmariamente".
Enfrentamientos
Por su parte, el fiscal Jaime Moreno fue el encargado de presentar el segundo bloque de argumentos de la Fiscalía para demostrar que hubo violencia en el `procés´. "Todos ellos eran conscientes de que era seguro que habría enfrentamientos", aseguró en su exposición, dedicada a demostrar que se ejerció la violencia “necesaria, ni más ni menos”.
Moreno entiende que todos los acusados eran conscientes de que era seguro que iba a haber enfrentamientos, por lo que no estamos ante un “dolo eventual”, sino que “con tal de no privarme del referéndum acepto el enfrentamiento; es un dolo directo: para que no se aborte el referéndum, bien desconvocándolo o bien por las fuerzas de seguridad, me enfrentaré”, afirmó.
El representante del ministerio público comenzó su intervención estableciendo que “el derecho al voto tiene límites”, como todos los derechos, y defendió que “el uso de la fuerza resulta legítimo, legal y necesario, como forma de dar cumplimiento a la orden judicial" de impedir el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Según la Fiscalía, "no se puede negar que hubo violencia. Agentes que salieron a pedradas, coches vandalizados... Hubo una clara conducta violenta, patadas en la cabeza, incluso en los testículos. Hay informes médicos que muestran la violencia física contra los agentes".
La Abogacía del Estado mantiene el delito de sedición
Tras la Fiscalía, ha sido en el turno de tarde la intervención de la abogada del Estado Rosa María Seoane, quien en la última sesión del juicio elevó su petición de pena de 12 años de cárcel por sedición y malversación de fondos públicos para Junqueras y mantuvo igualmente su petición inicial de condenas para los otros ocho procesados en prisión en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo que se encuentran en prisión.Los Servicios Jurídicos del Estado insisten igualmente en las penas de cárcel para los tres exconsejeros del exGovern de Carles Puigdemont encausados por desobediencia y malversación que actualmente se encuentran en libertad. Esta acusación descarta la rebelión en favor de un delito de sedición, que de ser tenido en cuenta por el tribunal rebajaría notablemente las posibles penas de prisión con respecto al Ministerio Público.La Abogacía pide 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación; penas de entre 11 años y medio para Forn, Rull, Turull, Bassa y Romeva; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los líderes sociales Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Omnium Cultural), todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarcó radicalmente de la Fiscalía.
