Quienes no van a parar durante este Estado de alarma son los dentistas y los fisioterapeutas. El Gobierno les considera un servicio esencial, pero ellos advierten: sus trabajos no se pueden realizar respetando la distancia de seguridad, con lo que se exponen a un riesgo permamente. Piden limitar su actividad a los casos de urgencias.
Cerrada. Es el aspecto, esta mañana, de una clínica de fisioterapia en Madrid. Ni pacientes ni empleados. El estado de alarma, sin embargo, las considera urgencias de carácter sanitario.
Asegura, Manuel Rozalén que “lo hacemos por ética y por responsabilidad. Tenemos que cerrar". Y lo han hecho porque no tienen materiales de protección y no quieren ni contagiar ni ser contagiados.
El Consejo General de Dentistas ha pedido al Gobierno que decrete el cierre temporal de las clínicas dentales, así como la habilitación de algunas de ellas para las urgencias, siempre que dispongan del material protector adecuado, pues de lo contrario los dentistas están "abocados a la quiebra".
No pueden cerrar y, sin embargo, no hay negocio. Igual que a los dentistas. Si no se les permiten echar el cierre, no pueden despedir ni acogerse a un ERTE. "Si el Gobierno no ordena el cierre de las clínicas dentales, los dentistas quedaremos totalmente desprotegidos, puesto que no podemos acogernos a ninguna de las medidas económicas que se están adoptando", ha señalado en un comunicado el presidente del Consejo, Óscar Castro.
Recuerda que al trabajar en contacto con la saliva y a una distancia menor de un metro a la boca del paciente, el riesgo de contagio de COVID-19 es muy elevado para los dentistas. "Sin equipos de protección individual (EPI) es imposible llevar a cabo los tratamientos odontológicos con la seguridad necesaria para nosotros, para los auxiliares y para los pacientes, por lo que muchos se han visto obligados a cerrar sus clínicas", asegura.
También, los colegios profesionales de fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y nutricionistas de la Comunidad de Madrid han reclamado el cierre obligatorio de sus centros por no disponer de todas las garantías para evitar los posibles contagios de coronavirus entre profesional y paciente.
Numerosos centros de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y nutrición han cerrado sus instalaciones basándose “en un gran ejercicio de responsabilidad y en la nula actividad debido a las limitaciones de movilidad, quedando, de esa forma, desamparados en materia laboral determinada por el Consejo de Ministros”. Por este motivo, los distintos Colegios Profesionales transmitieron al consejero la “situación de indefensión en la que se encuentran”.
En el escrito, las entidades explicaron también que “como profesionales sanitarios, debemos ser garantes de seguridad, reduciendo las posibilidades de contagio y ayudando así a minimizar la curva de contagios de nuestro país. No obstante, en la situación actual, no podemos garantizar ni la seguridad de profesionales ni de los pacientes”.
