La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) pide al Supremo que suspenda al fiscal general

Perplejidad en la carrera fiscal por la situación creada tras el registro de la Guardia Civil ordenado este miércoles en la sede de la Fiscalía General del Estado por parte del juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda provisionalmente de sus funciones al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En un escrito dirigido al magistrado Ángel Hurtado, al que ha tenido acceso EFE, la asociación, que se ha personado en la causa como acusación popular, considera que "si a cualquier fiscal que se encontrase en esta situación debería suspendérsele provisionalmente de empleo, cuando el afectado es el fiscal general del Estado la adopción de esta medida deviene obligatoria".

Porque, advierte, "si Álvaro García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado durante el transcurso del procedimiento, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en la causa y en calidad de tal podría impartirle órdenes".

Así, "para evitar esta situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal", consideran necesario que se suspenda a García Ortiz.

La petición, que también se dirige contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se produce tras el registro que este miércoles realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, por más de diez horas.

La Apif argumenta que el artículo 60 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal indica que "la exigencia de responsabilidad civil y penal a los miembros del Ministerio Fiscal (…) se regirá, en cuando les sea de aplicación, por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados".

Como añadido, recuerda que el artículo 86.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal estipula que "los miembros de la carrera fiscal podrán ser suspendidos en virtud de procedimiento penal (…). Mientras dure la suspensión quedarán privados del ejercicio de sus funciones".

Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera, ha pedido a los representantes del Ministerio Público "reacción" después de que la Guardia Civil registrase este miércoles el despacho del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz. "¿Seguiremos mudos?", se ha preguntado.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la AF ha asegurado que "la entrada y registro en la sede de la Fiscalía General del Estado autorizada por el Tribunal Supremo y practicada por la Guardia Civil es un hecho sin precedentes que marca un hito que tardará muchos años en borrarse de nuestra memoria colectiva".

"Le pedimos a la Carrera Fiscal reflexión, primero porque somos fiscales y por consiguiente conscientes de que un auto autorizando esta medida no se dicta en el vacío. Solicitamos de cada fiscal que medite sobre cómo nuestra institución aparece en las diligencias abiertas por el Tribunal Supremo y no en la imagen lamentablemente evocadora de la presencia policial indagando la existencia de delitos en nuestra sede fundamental, sino de la mera presencia procesal del Ministerio Fiscal", ha apuntado.

"Ya hemos pedido del fiscal general su dimisión y ya hemos transmitido la anomalía insólita a los estados europeos, a las instituciones de la Unión Europea y al Consejo de Europa. Ayer le hemos explicado tanto al fiscal general como a la Carrera la situación jurídica excepcional en que se halla nuestra institución, atendidas las normas jurídicas que rigen el proceso penal y la regulación orgánica que regulan el funcionamiento del Ministerio Fiscal", ha recordado.

En este contexto, la AF ha pedido "a la carrera que busque las difíciles respuestas a preguntas sencillas". "¿Qué Fiscal interviene en las diligencias previas abiertas en el Tribunal Supremo?, ¿quién y cómo le designó?, ¿a qué fiscal se le notificó el auto conocido parcialmente ayer?, ¿qué percepción puede tener el instructor (o la sociedad, o la carrera fiscal) de la institución que debe garantizar los principios de legalidad e imparcialidad cuando pueden concurrir en quien intervenga causas de abstención evidentes?", se ha preguntado.

En este contexto, la asociación se hace más preguntas. "¿Es imaginable la intervención de la teniente fiscal del Tribunal Supremo cuando depende directamente de quien es persona investigada y de quien depende su eventual renovación?, ¡es admisible que ella o cualquier otro Fiscal de Sala, al igual que quienes integran el Consejo Fiscal, intervenga en el procedimiento penal cuando el propio Fiscal General del Estado ha requerido su opinión en la Junta de Fiscales de Sala y en el Consejo Fiscal tras informar extraprocesalmente de su versión?", ha proseguido.

"Más sencillamente, ¿cómo nos vemos?, ¿es asumible esta anomalía?, ¿se puede seguir deteriorando la institución y nuestra propia percepción sobre ella?, ¿seguiremos mudos, incluso en las conversaciones entre nosotros?", apostilla la nota.