La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para modificar la normativa del control de viviendas de uso turístico en la región.
El Consejo de Gobierno ha tratado este miércoles el informe del proyecto de Decreto, con carácter previo a la audiencia e información pública, cuyas modificaciones van dirigidas a adaptar la normativa al contenido de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), además de garantizar la calidad del servicio y proteger los derechos de los usuarios.
El nuevo texto aclara que corresponde a los ayuntamientos introducir, cuando proceda, las exigencias sobre el uso compatible o complementario de este tipo de viviendas y, paralelamente, se especifica la prohibición de este uso turístico en las de protección pública o en los inmuebles que así se indique en sus estatutos aprobados por la comunidad de propietarios.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha avanzado que serán endurecidas las sanciones para los propietarios "reincidentes", y se reforzará el sistema de colaboración e intercambio de información con los municipios de la región.
Para garantizar la calidad del producto turístico y a salvaguardar la protección de los derechos de los usuarios, se actualizará que sean los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico -en lugar de los propietarios de la vivienda- los obligados a presentar la declaración responsable para el inicio de la actividad.
Esta modificación normativa forma parte del actual plan de refuerzo y control de estas viviendas en la región, que contempla un aumento de los efectivos que supervisan el funcionamiento de esta actividad.
A los 16 existentes, se suman otros 17, entre ellos los cuatro que serán asignados a la aplicación del nuevo reglamento de la UE sobre el alquiler de corta duración.
Asimismo, se incluye la revisión de las cuantías de las sanciones procediendo a su endurecimiento para los propietarios reincidentes y el sistema de refuerzo en la colaboración e intercambio de información con los municipios de la región.
Estas nuevas acciones ahondan en el modelo de gestión turística consolidado de la Comunidad de Madrid, basado en regular la actividad para competir en igualdad de condiciones.