Nuevo desafío de la Generalitat de Cataluña con una orden del Departamento de Educación en la que expulsa literalmente el castellano de todos los ámbitos de la enseñanza en Cataluña. La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) las últimas instrucciones del Departamento de Educación de la Generalitat de cara al próximo curso, que remarcan que el catalán debe ser la lengua de uso habitual en todos los espacios de la escuela.
Según ha informado esta organización, que lidera la contienda legal para aplicar el 25% de enseñanza en castellano en las escuelas catalanas, el Departamento de Educación ha enviado a los colegios unas instrucciones que consideran que son "vulneradoras de derechos".
Entre ellas, la AEB cita las indicaciones de que el catalán debe ser "la lengua normalmente empleada como vehicular y de aprendizaje".
También que la lengua catalana "no es únicamente un objeto de aprendizaje, sino la lengua de la institución y, por lo tanto, la de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general".
La impugnación de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña ante el TSJC se sustenta en la vulneración de los derechos fundamentales a la no discriminación (artículo 14 de la Constitución) y a la educación (artículo 27).
En este contexto, la organización solicita como medida cautelarísima que "se ordene al Departamento de Educación para que en el curso 2022-2023 se incluya en los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y privados sostenidos con fondos públicos al castellano como lengua vehicular de enseñanza y de referencia (además del catalán, el aranés en el Val d'Aran y la lengua de signos catalana)”.
Fuentes del Departamento de Educación han indicado que estas instrucciones, de las que se ha hecho eco este martes El Mundo, forman parte de los Documentos para la organización y la gestión de los centros (DOIGC) que se envían cada año antes de que comience el curso.
Las mismas fuentes han precisado que estos documentos, que son públicos, son similares a los de otros años, con una adaptación en esta ocasión para incluir la nueva normativa del uso del catalán que aprobó la Generalitat para impedir la aplicación de la sentencia del 25 % de castellano en las escuelas.
