La Fiscalía de la Audiencia Nacional remitió este martes al Juzgado Central de Instrucción número 4 el informe en el que se pronuncia a favor de que se haga cargo de las denuncias presentadas por los afectados por el cierre de la sociedad de inversiones en criptomonedas vinculada al empresario Álvaro Romillo, que entregó a Alvise Pérez un total de 100.000 euros en metálico para su campaña electoral, saltándose las prohibiciones de la Ley Financiación de los Partidos Políticos.
Las diligencias abiertas en este caso fueron incoadas a partir de tres denuncias presentadas por un presunto delito de estafa interpuestas contra Madeira Invest Club y otras personas físicas y jurídicas relacionadas con esa sociedad.
Las entidades que interpusieron estas denuncias son la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCE), la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.
Además, la Fiscalía ha solicitado la admisión a trámite de las denuncias, la acumulación de las mismas ya que se dan los requisitos legales para su investigación en un mismo procedimiento, y la declaración del secreto de las actuaciones.