La tramitación de la ley de amnistía en el Senado se enfrenta a varios informes en contra del borrado de los delitos del procés.
Primero fue el de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, poniendo en duda su constitucionalidad y tachándolo de contrario al derecho europeo.
Luego llegó el informe de la Comisión de Venecia que también reprocha la tramitación urgente del proyecto de ley, la falta de consenso más amplio y el alcance temporal y la cobertura de la amnistía.
Casi al mismo tiempo los letrados del Senado aseguraron que el texto esconde una reforma constitucional y denuncia irregularidades en el procedimiento.
El último, muy duro, ha sido el del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces que considera que la ley vulnera la separación de poderes y el principio de igualdad.
A ellos se suman más informes de jueces y fiscales contrarios a la amnistía. Pero el Gobierno no cambia el guion. La amnistía dice es impecable y los infomes argumentan no son vinculantes.
Mientras en el Senado, este viernes se ha constituido la comisión que tramitará la Ley de Amnistía.
Estará presidida por el popular Pío García Escudero integrada por 32 senadores de las comisiones Constitucional y de Justicia, 17 de ellos pertenecientes al Partido Popular.
Sólo ha habido otra comisión conjunta específica antes, la creada para aplicar el 155 a Cataluña.