El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha criticado este lunes que la Comunidad de Madrid, encabezada por la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, "recortó" en octubre 145 millones de euros aplicados en "más de 1.000" partidas presupuestarias "sociales".
Según ha explicado el portavoz a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, estos recortes serían de cuantías cercanas a 22 millones de euros en Educación o 3 millones en residencias de mayores. "Está la paradoja de que se produce justo cuando se anunció la rebaja fiscal más importante de la historia que Ayuso pretende que esa rebaja fiscal la termine pagando los servicios de la gente más desfavorecida", ha criticado.
En esta línea, ha calificado de "crimen en toda regla" y lo ha bautizado como el 'Ayusazo', que, según Perpinyà, se concreta en que en colegios donde "no se han acabado obras o faltan profesores" se hayan recortado 22 millones de euros. "Usó un dinero previsto para partidas sociales, educación, residencias, becas comedor, por ejemplo, para llevárselo a otro lugar en el que no se podía ejecutar", ha zanjado.
Por ello, ha anunciado que este jueves en el Pleno de la Asamblea regional preguntará a la presidenta regional sobre estos 145 millones de euros.
El Gobierno dice que es "falso"
Por su parte, desde el Gobierno de la Comunidad han defendido que esta información es "falsa" y que "no se ha aplicado ningún recorte en sus cuentas". "Las retenciones de crédito que se han realizado, por un importe total de 195 millones, se han efectuado sobre aquellas partidas que cada consejería ha indicado que no se iban a ejecutar o tenían una ejecución muy baja, por distintos motivos", han remarcado fuentes de la Consejería de Hacienda y Función Pública.
En este sentido, han defendido que lo que se ha hecho es "concentrar ese crédito disponible en las partidas que son indispensables para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales".
Estas mismas fuentes han recordado que, al comienzo de la legislatura, el Gobierno de España adeudaba a la Comunidad de Madrid 1.237 millones de euros, "lo que estaba ocasionando tensiones de tesorería". Esta deuda, según argumentan, les obligó a "tener que tomar una serie de medidas para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria".
En rueda de prensa, en septiembre, el propio consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, hacía público este movimiento y defendía esta operación "por prudencia" y con el objetivo de "garantizar el cumplimiento de límite de déficit y la financiación de los servicios públicos".
