A Metro de Madrid se le unen suburbanos de otras ciudades de España en su batalla por el aumento de la factura de la luz. La Comunidad y otros 14 operadores reclaman al Gobierno de Sánchez que se fijen mecanismos que compensen el incremento del gasto de luz, para garantizar la prestación del servicio normalidad.
Metro de Madrid y otros 14 operadores de redes de transporte público de distintas ciudades de España han pedido en una carta conjunta dirigida a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ayudas para compensar la subida del coste de la energía, ya que el suburbano madrileño ha pasado de pagar 120.000 a 260.000 euros diarios por la electricidad, según los datos difundidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
De esta forma, el Gobierno madrileño participa, a través de Metro, en una misiva en la que la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) ha reclamado al Gobierno central que contribuyan a paliar las pérdidas causadas por la subida de los precios de la energía eléctrica para garantizar la prestación de los servicios con normalidad.
La carta, que ha difundido el Gobierno madrileño, está firmaba también por Tranvías Urbanos de Zaragoza, Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, Transports Metropolitans de Barcelona y Metro Bilbao, entre otras.
De 120.000 euros a 260.000 al día
El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha dicho en declaraciones difundidas a los medios que desde que el precio de la electricidad “se ha disparado” en España “sin que el Gobierno haga nada por contenerlo”, las administraciones que prestan servicios metropolitanos en grandes ciudades han sufrido una subida “descomunal del coste de la electricidad”.
Pérez ha puesto como ejemplo que Metro Madrid pagaba antes 120.000 euros al día por la electricidad y en este momento ya paga más del doble al día, por lo que el Gobierno regional se puso en contacto con otros suburbanos de España que, tras comprobar que todos tienen el mismo problema, piden al Ejecutivo Central una compensación económica “por este efecto que no deja de perjudicar a lo público”.
