La futura zona de bajas emisiones de Madrid, el antiguo "Madrid Central", podría ver peligrar el acceso a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al permitir la circulación de motocicletas de combustión, ha advertido la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Las zonas de bajas emisiones, cuya obligación fija la Ley de Cambio Climático para las ciudades de más de 50.000 habitantes, "ahora cuentan con un apoyo explicito de más de 1.000 millones de euros con cargo al Fondo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que nos debe permitir tener ciudades más sanas", ha dicho Ribera en entrevista con Efe.
"Creo que es bueno que el alcalde de Madrid (José Luis Martínez Almeida), que hizo campaña en contra de tener una zona de bajas emisiones, haya recapitulado", ha señalado la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, quien ha precisado que a partir se plantean varias cuestiones sobre la nueva propuesta: si "aporta y suma, va más allá y mejora, o se queda corta".
Ribera ha recordado que la ciudad de Madrid esta siendo recriminada "por su baja calidad relativa del aire con respecto a otras capitales europeas y eso es un lastre desde muchos puntos de vista, por supuesto el de la salud, pero también el económico y el reputacional".
Ahora el alcalde, que presento el pasado día 20 su nueva ordenanza de movilidad, pone de manifiesto que "amplia la zona de bajas emisiones, pero lo hace con medidas más suaves de lo que ocurría en Madrid Central".
Entre los puntos críticos, y sobre los que más quejas se han traslado al Ministerio, esta el dejar fuera la restricción absoluta o aceptar la circulación de motocicletas. "Esto es un asunto que puede plantear algún tipo de problema con respecto a la posibilidad de acceder a la financiación del Fondo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", ha dicho.
Ribera ha detallado que una de las cuestiones más importantes subrayadas por la Comisión Europea es que hay que ser muy precisos en la garantía del cumplimiento de que los recursos no sean destinados a nada que pueda generar afección significativa para el medio ambiente.
