El Tribunal Supremo devuelve la pelota al Congreso. El Alto Tribunal ha respondido ya a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, quien el miércoles pidió aclaraciones sobre la suspensión de los diputados presos que están siendo juzgados.
El juez Marchena insiste en que la decisión corresponde al Congreso y no emitirá ningún informe sobre cómo aplicar al caso la ley porque es constitucionalmente "inviable”.
Le dijo como proceder
La Sala que juzga el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo ha respondido a Batet que en su auto de la semana pasada ya apuntó la forma de proceder con respecto a los diputados presos. Añade que no le remitirá ningún informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) porque es constitucionalmente "inviable".
En un oficio de apenas dos párrafos, que será remitido a Batet a través del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, los siete magistrados que juzgan este asunto se limitan a reiterar, aunque sin mencionarlos, a los argumentos que ya fueron razonados en su auto del pasado día 14 apuntando a la aplicación del artículo 21 del Reglamento de la Cámara.
Suspendidos cuando están en prisión preventiva
Dicho artículo establece que un diputado quedará suspendido "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta", así como "cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria".
En su breve respuesta, el Supremo añade que la causa penal que se sustancia contra los ahora diputados Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez "va a seguir su curso" y es misión del tribunal "salvaguardar los fines del proceso"
Que no se utilice al Supremo
En cuanto al informe solicitado por Batet sobre la posible aplicación al caso de los cuatro diputados independentistas del artículo de la LeCrim que supondría su suspensión automática, la respuesta del Alto Tribunal indica que "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido", lo que puede traducirse como un rechazo a que se utilice al Supremo como una especie de asesoría jurídica sobre este asunto.
Mientras, los representantes del PP y de Ciudadanos en la Mesa del Congreso han exigido que se suspenda ya a los cuatro diputados en prisión preventiva.
