Los técnicos de Hacienda estiman que el rey emérito Juan Carlos I debería haber pagado 52 millones de euros por la supuesta donación que le realizó el rey de Arabia Saudí.
Otras revelaciones señalan que Juan Carlos I incluyó una claúsula en los estatutos de la sociedad que usó para cobrar los 65 millones, cuyo objetivo era evitar disputas del rey Felipe y las infantas.