El abogado de tres de los acusados en el juicio por el presunto espionaje político en Madrid ha acusado este lunes al Partido Popular de la época de Aguirre de iniciar en 2009 el caso para "esconder" el estallido de la Gürtel y crear "una cortina de humo" con esta investigación. Así lo ha manifestado el letrado Ramón González Bosch a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid.
Arranca el juicio por el supuesto espionaje a distintos políticos del Partido Popular enfrentados con Esperanza Aguirre. Los hechos ocurrieron hace más de una década. Se sientan en el banquillo, dos altos cargos de Seguridad de la Comunidad de Madrid. En total, son seis los acusados por malversación y muchos los ex altos cargos del Partido Popular que declararán, como testigos en la Audiencia Provincial de Madrid.
La Sección Quinta ha seleccionado hoy a los miembros del jurado popular que enjuiciarán los hechos por un delito de malversación de caudales públicos.
Este martes será la fase de cuestiones previas y el interrogatorio a los seis procesados arrancará el próximo miércoles.
La vista oral se celebra sin acusación fiscal, ya que la Fiscalía solicita la absolución de los acusados al considerar que no existe ninguna infracción penal.
A su llegada, el letrado defensor de José Manuel Pinto, Antonio Coronado y José Oreja ha hecho alusión a la supuesta 'guerra interna' que había entre los populares en aquella época en la que se tiraban "los trastos a la cabeza", una lucha en la que también ha incluido a los socialistas madrileños. "Yo creo que aquí el cabeza de todo esto es Ignacio González y, de alguna manera, Aguirre consentía todo este tema. Presuntamente. Igual que Granados, que no hizo absolutamente nada", ha reseñado.
Además, ha manifestado que es "inexplicable" que desde el 2009 al 2014, el Gobierno regional manifestara que los acusados son inocentes, y desde la entrada de Cristina Cifuentes a la Comunidad se cambiara la teoría con un nuevo letrado ejerciendo como acusación particular.
Asimismo, ha recordado que en la época en la que se inició la causa la entonces diputada regional socialista Maru Menéndez, entonces 'mano derecha' de Tomás Gómez', inició "una guerra" contra el PP "para sacar rédito electoral". "Todo es ficticio. Nunca hubo espionaje. Es absolutamente torticero", ha recalcado en relación a las cantidades fijadas por la acusación socialista basándose en cuantías absurdas.
Además, ha insistido en que Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero de Interior, sabía "perfectamente" lo que pasaba y "no hizo nada". "Yo he presentado 51 pruebas para plantear al verdadero culpable. Y ver si ocurrió algo", ha resaltado. También ha dicho que Aguirre y González "no van a aceptar nada".
Tras conformarse el jurado, el abogado ha resaltado que han pagado "justos por pegadores" y que "no son todos los que están ni están todos los que son". "Presuntamente pedimos dos veces que se imputara a González y a Granados. La juez no lo consideró", ha respondido a la pregunta de quién cree que falta en el banquillo.
Las acusaciones particulares son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la exdiputada regional Carmen Méndez González. Y la acusación popular la ejerce el PSOE de Madrid, que solicita penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados.
La Fiscalía de Madrid solicita la absolución de los acusados al considerar que no existe ninguna infracción penal en los supuestos seguimientos a distintos políticos de la Comunidad de Madrid.
En cambio, las acciones particulares acusan al director de Seguridad en la época de Aguirre, Sergio Gamón, y a otros cinco personas, entre ellas tres guardias civiles. En el banquillo de los acusados se sentarán el exfuncionario José Manuel Pinto; los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro. También lo hará el 'número dos' de Gamón, Miguel Castaño Grande.
Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.
Los seguimientos se habrían realizado en plena batalla por el poder dentro del Partido Popular después de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones generales de 2008. Cobo y Prada, entonces, estaban considerados como adversarios de Esperanza Aguirre.
