La nueva Ley de vivienda provoca disparidad de opiniones entre los afectados
- La FAI califica la ley de “experimento político”, el Sindicato de Inquilinos de Madrid ve “agujeros” y “avances” y Cáritas cree que “es todavía insuficiente”
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) lamentó que la Ley de vivienda aprobada por el Congreso sea más “un experimento político” que una “herramienta eficaz y realista” para solucionar el acceso al alquiler, y rechazó su “intervencionismo”.
Según la agrupación de agencias, la normativa ha sido redactada “bajo la presión del calendario electoral y desoyendo todas las advertencias de los expertos” sobre las consecuencias de las limitaciones de precios que acabarán “sufriendo y pagando tanto los propietarios como los propios inquilinos”.
Asimismo, subrayó que la ley establece “más restricciones que incentivos” a los propietarios, lo que provocará la “reducción del número de viviendas disponibles para arrendar”.
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“Estamos ante una ley intervencionista en todos los sentidos”, subrayó FAI, que apuntó que la norma va en contra del “libre ejercicio” de la profesión de los agentes inmobiliarios al “imponer que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato correrán siempre a cargo del arrendador”.
SINDICATO DE INQUILINOS DE MADRID
El Sindicato de Inquilinos de Madrid subrayó tras la aprobación de la Ley de vivienda que “no se puede decir” que vaya a “bajar los precios del alquiler” ni “a garantizar el derecho a la vivienda”, pero celebró que si se ha debatido sobre regular alquileres o penalizar viviendas vacías es “porque llevamos años luchando, empujando y presionando”.
Para el Sindicato, la regulación de los alquileres tiene “serios defectos que desvirtúan su intención de bajar el precio del alquiler” y será “difícilmente efectiva sin una implicación directa del sindicato”.
Así, entre los “agujeros” de la ley, la asociación subrayó que “se dejan fuera de la regulación a los alquileres de temporada”, la posibilidad de subir un 10% el precio en zonas tensionadas “alegando simples mejoras en la accesibilidad”, la posibilidad de subir el precio “incorporando tributos como el IBI” y las subidas interanuales permitidas del 2% en 2023, el 3% en 2024, y “sin un límite claro a partir de 2025”. Además, criticó la diferenciación entre grandes y pequeños propietarios.
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Entre los avances, el Sindicato reconoció que los inquilinos ya no deberán pagar “honorarios injustos” a las inmobiliarias. Según su explicación, la ley reconoce ahora que las inmobiliarias “no son meras intermediarias, sino que trabajan para los rentistas”, por lo que los honorarios suponían “no solamente un robo sino una barrera muy importante de acceso a la vivienda para muchas personas”.
También consideró un avance la rebaja de diez a cinco las viviendas para ser considerado gran tenedor, la penalización de los pisos vacíos y terminar con la política “franquista” de “hacer vivienda protegida que al cabo de unos años pasa al mercado privado, hinchando burbujas de precios”.
CÁRITAS
Cáritas ha alertado del riesgo de que la Ley de vivienda "no consiga paliar la realidad diaria de cientos de miles de personas y familias que afrontan graves problemas de vivienda" y destacó que la reforma "necesita mejoras para garantizar los derechos de las personas más vulnerables".
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"Supone una gran noticia la aprobación de un texto, pendiente ahora de su tramitación en el Senado, que ya en su primer borrador destacaba en su exposición de motivos la prioridad y urgencia de las personas y familias vulnerables para las políticas públicas de vivienda", señaló la organización católica.
Sin embargo, matizó que "es todavía insuficiente, sobre todo cuando queda pendiente conocer cuál va a ser la implicación de las fuerzas políticas en su ulterior desarrollo reglamentario y territorial, que será, sin duda, muy complejo" para incorporar "de verdad" a "los últimos y descartados de la sociedad”.
