La Comunidad de Madrid prepara una ofensiva legal contra la ocupación.
Quiere recuperar los 65 millones de euros que inquilinos mororos y ‘okupas’ deben a la Agencia de Vivienda Social, dependiente de la Comunidad de Madrid.
Una agencia que cuenta con casi 50.000 inmuebles de los que 10.000 están okupados de forma ilegal.
A las familias vulnerables les ofrecerá facilidades de pago.
Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid asegura que “lo que queremos es que aquellas familias vulnerables que tienen necesidad de verdad de ellas, accedan a esas viviendas”.
“No podemos permitir que haya personas que con una patada en la puerta puedan entrar a ocupar esas viviendas sociales”, sostenía la consejera madrileña de Vivienda.