El gobierno regional critica la falta de información ofrecida por parte de Moncloa respecto a la Conferencia de Presidentes que se celebra en Santander, pero ya avanzan que la presidenta Isabel Díaz Ayuso pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez, control de la inmigración irregular a través de Barajas, la financiación autonómica y la derogación de la ley de vivienda.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila ha impelido al Gobierno central a que controle el acceso a través del aeropuerto de Barajas de los "aviones patera" mediante los cuales llegan menores migrantes no acompañados a la Comunidad de Madrid.
Dávila ha reiterado sus peticiones de controlar la entrada a través de Barajas porque, según ha argumentado, "el 60% de las atenciones a menores no acompañados de la región provienen de ahí, de ese descontrol". "Llevamos un año y medio procurando que el Gobierno ponga esos visados de tránsito que eviten las entradas fraudulentas a España, entre muchas otras cosas", ha dicho.
En este sentido, la consejera ha afirmado que la Comunidad es una "zona tensionada" en cuanto a la atención de menores migrantes, y ha puesto como ejemplo el centro de primera acogida de menores migrantes de La Cantueña, en Fuenlabrada, que se abrió hace unos meses. "Este nuevo recurso está al borde del tensionamiento por esta llegada y por la escasez de recursos que proporciona el Estado", ha mencionado.
También en la misma línea, Dávila ha recriminado al Gobierno central que la aportación económica sea "irrisoria". "Reclamamos una financiación adecuada y pedimos al Ministerio de Infancia que nos proporcione alguna ubicación para poder atender a menores", ha espetado.
DEROGAR LA LEY DE VIVIENDA
Además, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en que derogue la Ley estatal de Vivienda para "solucionar el problema nacional".
Para el consejero, la Ley de Vivienda "crea inseguridad jurídica, ataca el derecho a la propiedad y, especialmente, hace que se incrementen los precios". Al hilo, ha exigido al presidente que "haga una reconsideración" y que vea que "la normativa no está funcionando".
Asimismo, Rodrigo ha reclamado una nueva Ley del Suelo que "garantice que se puede flexibilizar el urbanismo y, sobre todo, que todos esos planteamientos urbanísticos nuevos que están desarrollando las administraciones públicas sean legítimas".
"Sánchez debe escuchar a los presidentes autonómicos, que le van a recomendar y le van a intentar asesorar para solucionar el problema de la vivienda. Tenemos que tener en cuenta que en los seis años que está gobernando no se ha construido ni una sola vivienda pública", ha criticado. En este sentido, el consejero ha señalado que los que "están haciendo vivienda pública actualmente en España son las administraciones autonómicas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos". "Ahora, lo que se le ha ocurrido ha sido, de una manera espontánea, crear una empresa pública que tiene que movilizar miles de millones para poder constituir vivienda. Consideramos que posiblemente no sea la idea más apropiada y que lo único que creemos que va a funcionar es para un nuevo chiringuito del Ejecutivo central para colocar a sus amiguetes", ha lamentado.