El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, atribuye a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.
Según el auto de imputación de Aguirre al que ha tenido acceso Efe, el PP de Madrid financió "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008 "ocultando" el "verdadero coste" de las mismas y su financiación, "eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación" las obligaciones de la Ley Electoral.
"La investigación arroja indicios racionales de que (Esperanza Aguirre) sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad", indica el magistrado de la Audiencia Nacional. Campañas que, según puntualiza, "iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad".
Además de a Aguirre, el juez también atribuye "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones a los que fueran sus más estrechos colaboradores, el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, además de al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.
El instructor del caso Púnica cree que Aguirre "se apoyó" en ellos, también imputados, para que "ejecutasen sus decisiones" y considera que "el impulso y la supervisión de todo el entramado" pivotaba en la presidenta de la Comunidad y a su vez de Fundescam, fundación "directamente vinculada" al PP de Madrid y que también sirvió como "trasvase de fondos".
Aguirre siempre negó prácticas corruptas
Esperanza Aguirre acaba de asegurar a Telemadrid que las acusaciones contra ella son completamente falsas y que se ha enterado de su imputación por los medios. Además ha señalado que irá a declarar para defender su inocencia y colaborar con la justicia. Telemadrid ha intentado recabar la opinión de Cristina Cifuentes y no ha sido posible.
"Esto es un registro a los señores que aparecen presuntamente en una agenda, y financiación ilegal del PP de Madrid, que a mí me conste, no ha habido nunca", declaró la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre el 11 de febrero de 2016, tras varios registros en despachos relacionados con el caso Púnica. La entonces presidenta del PP madrileño fue más allá aquel mismo día y se mostró tajante al rechazar cualquier responsabilidad en este asunto: "De ninguna manera puedo decir yo que haya tenido que ver con la financiación ilegal. En absoluto. No hay indicios, ni está probado. Aquí no ha habido nada de todo eso".
Hace tan solo dos semanas, en la toma de posesión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y una vez que la Fiscalía Anticorrupción había pedido su imputación el caso Púnica, volvía a defender su completa inocencia. Sostenía que, como ella no ha hecho "nada irregular" y tampoco nada ilegal, "pueden investigar lo que quieran".
La imputación de Cifuentes por amañar contratos de la Asamblea
El juez Manuel García Castellón imputa a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por beneficiar al empresario Arturo Fernández mediante el amaño de la adjudicación de contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid.
El juez sostiene que uno de los métodos utilizados por el PP de la Comunidad de Madrid para obtener financiación de forma irregular fue el uso de la Fundación Fundescam para canalizar las donaciones que realizaron determinados empresarios y la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM). Arturo Fernández, vicepresidente de CEIM y presidente del Grupo Cantoblanco, habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear "de manera encubierta gastos electorales".
El juez cree que esas donaciones se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas de contratos de restauración en los años 2009, 2011 y 2013.
