El departamento que dirige el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón decide no acusar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en relación con la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid al considerar que no hay pruebas sólidas para que siga el procedimiento, es decir, para que vaya a juicio.
La misma decisión la toma la fiscalía para el que fuera su sucesor, Ignacio González, que también queda excluido de la causa tras tres años de investigación. No ocurre lo mismo, añaden las fuentes, con el exconsejero Francisco Granados, a quien sí ha pedido procesar en la Audiencia Nacional.
De atender el juez Manuel García Castellón a su petición, Esperanza Aguirre e Ignacio González correrían la misma suerte que la también expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que fue investigada por la presunta financiación ilegal de la formación hasta que finalmente quedó fuera de la causa.
