Las autonomías tendrán un déficit de referencia del 2,2% del PIB en 2021

Las comunidades autónomas tendrán en 2021 un nivel de déficit de referencia del 2,2% del PIB que no será de obligado cumplimiento y que en la práctica se quedará en el 1,1 % del PIB, ya que el Estado asumirá la mitad a través de una transferencia extraordinaria del 13.486 millones de euros.

Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha explicado que esta referencia no se ha sometido a votación de las comunidades autónomas porque es una tasa "orientativa, no limitativa".

Asimismo, ha dicho que no ha sido posible llegar a un criterio unánime sobre la forma en que se traspasarán esos 13.486 millones, ya que algunas autonomías quieren que se haga a través del modelo de financiación y otras como un fondo extraordinario frente a la Covid-19. La ministra ha avanzado que consultará con los grupos políticos la forma que genere mayor consenso para su tramitación parlamentaria, a la vista de que con las comunidades autónomas no ha sido posible cerrar un acuerdo.

Montero ha subrayado que "se han blindado los recursos del sistema de financiación autonómico frente la caída de ingresos derivada de la pandemia", ya que las autonomías recibirán en 2021 entregas a cuenta por importe de 105.589 millones, una cantidad similar a la de 2020 (105.868 millones) que fue calculada con un crecimiento del PIB del 1,6 %.

A eso se sumará la liquidación del sistema de financiación de los dos ejercicios anteriores por un importe previsto de 9.076 millones.

Tras restar ajustes pendientes, las autonomías contarán en 2021 con un total de 113.728 millones, que suponen 1.933 millones menos que en 2020.

Esa diferencia (equivalente a dos décimas de PIB) se compensará con un mayor margen de déficit público para cuya financiación las comunidades tendrían que recurrir al endeudamiento, aunque el Gobierno se compromete a financiarlo a través de mecanismos extraordinarios de liquidez como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Montero ha incidido en que suspender los objetivos de déficit en 2021 no implica renunciar a una gestión prudente y responsable, y se ha mostrado convencida de que las autonomías actuarán en consecuencia aunque la desviación respecto al nivel de referencia no conlleve penalización alguna. "No vamos a exigir ni ajustes ni recortes, sí responsabilidad fiscal", ha asegurado, desde el convencimiento de que el gasto público contribuirá al crecimiento y a no dejar a nadie atrás en la recuperación.

Además, Montero ha trasladado que España contará con 12.436 millones del fondo REACT de la UE, de los que 10.000 millones serán para los Gobiernos autonómicos, de los que 8.000 millones se recibirán en 2021 y los otros 2.000 millones, en 2022. Los otros 2.436 millones de este fondo europeo pasarán a formar parte del presupuesto del Ministerio de Sanidad, que posteriormente se repartirá entre las comunidades autónomas para la adquisición de vacunas y para reforzar la atención primaria.

Gran parte de las Comunidades Autónomas que han participado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes han celebrado la decisión del Gobierno de suspender las reglas fiscales porque, según han dicho, esto facilitará la elaboración de sus presupuestos de 2021, aunque el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha alertado de que puede ocasionar efectos "muy graves" para España.

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, su consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha advertido de que la suspensión de la regla de gasto puede abrir una "senda de desequilibrios" en las cuentas públicas y consecuencias "muy graves" para España.

"En lo que tenemos que pensar es en la España de hoy, pero también en la de mañana, cuando todo ese déficit traducido en deuda lo tengan que pagar las siguientes generaciones o esta misma generación", ha remarcado Lasquetty tras la reunión.

Por el contrario, los gobiernos autonómicos de Canarias, Extremadura, Baleares, La Rioja, Asturias y Castilla-La Mancha han destacado la labor del Ministerio de Hacienda para permitir a las Comunidades Autónomas "mantener el mismo nivel de gasto en el próximo ejercicio de 2021".

Eso sí, durante la reunión, que se ha producido de manera telemática, los gobiernos autonómicos han reclamado al ministerio de Hacienda concretar el reparto de los fondos europeos para que puedan ir perfilando sus presupuestos regionales.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo de la Junta de Castilla y León se ha mostrado muy crítico y ha abogado por que el Gobierno, a la hora de establecer criterios para el reparto de fondos de cara al presupuesto de 2021, tenga en cuenta la dispersión territorial, el envejecimiento de la población y la superficie, así como que los fondos europeos hagan también valer el peso del desafío demográfico.