El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria del conjunto de administraciones públicas para el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos más flexibles, al elevar la previsión de déficit público al 1,8% del PIB este año y estimar un 1,5% en 2021, un 1,2% en 2020 y un 0,9% en 2023, al tiempo que prevé que la deuda pública rondará el 90% del PIB al final de legislatura.
Además, ha dado 'luz verde' al límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', con un alza del 3,8%, hasta los 127.609 millones, como paso previo a los Presupuestos de 2020, que espera aprobar a lo largo del verano.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que el techo de gasto es "bastante razonable" para garantizar el compromiso de España con la estabilidad presupuestaria y a su vez permitirá "imprimir" a los Presupuestos las "señas de identidad" del actual Gobierno de coalición.
El nuevo cuadro macroeconómico del Ejecutivo ha reducido en dos décimas la previsión de crecimiento de este año, hasta el 1,6%, que fundamentan la nueva senda de estabilidad presupuestaria.
Nuevos impuestos
Además, ha señalado que el 'techo de gasto' se ha configurado teniendo en cuenta los ingresos esperados por las nuevas figuras fiscales que van a iniciar su tramitación "en breve", como la 'tasa Google', la 'tasa Tobin' o nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, sobre las que ha aclarado que no tendrán efecto retroactivo y con la "línea roja" de no afectar a la clase media y trabajadora.
Montero ha subrayado que, gracias a este nuevo techo de gasto, España avanzará en los principales objetivos del Ejecutivo: reducción de desigualdades, transición ecológica, lucha contra la pobreza, reto digital y "revitalización" del Estado de Bienestar. La ministra ha expresado su confianza en que las Cortes den el visto bueno al techo de gasto para que España pueda tener este año los Presupuestos "que merece" y que son "urgentes". La idea del Gobierno, ha precisado, es aprobar los Presupuestos a lo largo del verano, por lo que se llevarán al Congreso "lo antes posible" para iniciar su recorrido. El Ejecutivo no contempla presentar los Presupuestos hasta que no tenga asegurados los apoyos suficientes, han indicado fuentes gubernamentales.
Más margen
Sobre la nueva senda ha resaltado que proporciona un marco "mucho más realista y prudente que la vigente" del Gobierno de Mariano Rajoy y permite garantizar la reducción del déficit y deuda pública sin que se dañe el crecimiento y la creación de empleo, a sí como la prueba de que "España sigue alineada con respecto a las reglas fiscales de la UE".
La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha recalcado el "claro compromiso" del Ejecutivo con el cumplimiento de las normas comunitarias y ha precisado que tras salir España del procedimiento de déficit excesivo y entrar en el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Bruselas pone más énfasis en el ajuste estructural y las tendencias a medio plazo. Calviño ha asegurado que hay un "diálogo constante" con las autoridades europeas, que se pronunciarán cuando se presente el proyecto presupuestario.
Por administraciones, para el Estado se fija un objetivo de déficit del 0,5% del PIB este año, del 0,5% el próximo, del 0,3% en 2022 y del 0,1% en 2023, por lo que Montero ha indicado que el mayor esfuerzo se exigirá al Estado.
Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública sobre PIB será del 94,6% este año, del 93,4% en 2021, del 91,7% en 2022 y terminará la legislatura en el 89,8%.
Para la Seguridad Social se establecen unas metas de déficit del 1,1% este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023.
No obstante, Montero ha precisado que la voluntad del Gobierno es acometer una reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo y que no es descartable que a lo largo de los "próximos meses" se pueda acometer una variación en el cómputo de los déficit entre el Estado y la Seguridad Social, ya que se prevé el traslado de gastos de la Seguridad Social al Estado al entender que son más propios de ese sector.
