Baleares prohíbe el turismo de borrachera

  • El gobierno balear aprueba un decreto  por el que expulsará a los que hagan balconing además de multarle con hasta 60.000 euros

El gobierno balear ha aprobado un decreto pionero en Europa que prohíbe en las zonas de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y el West End de Sant Antoni de Ibiza el llamado turismo de borrachera y que contempla la expulsión de todos los hoteles de Baleares de los turistas que practiquen el "balconing" y multas en este caso de hasta 60.000 euros.

El decreto ley prohíbe en estas tres zonas la publicidad referida al consumo de alcohol y las barras libres, las excursiones etílicas (el llamado "pubcrawling"), las "happy hours", los "2x1" ó "3x1", los autodispensadores de alcohol, así como la venta de bebidas alcohólicas en tiendas entre las 21.30 y las 8.00 horas.

Las bebidas deberán cobrarse a un precio unitario, sin posibilidad de promoción alguna y en los hoteles y restaurantes de estas tres zonas solo se podrán ofrecer a los clientes tres bebidas alcohólicas por persona en comidas y cenas.

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Los turistas que practiquen o permitan el "balconing" -saltar de un balcón a otro o lanzarse desde la terraza a la piscina- en cualquier hotel de Baleares podrán ser expulsados "inmediatamente" del establecimiento en cuestión y se enfrentarán a multas de entre 6.001 a 60.000 euros. El hotel tiene la obligación de que no continúen alojados.

Además, este nuevo decreto ley limita las fiestas en embarcaciones en la costa denominadas "party boats": se suspende la concesión de nuevas licencias hasta la regulación de esta actividad en un plazo de 24 meses y los barcos que cuentan con licencia no podrán embarcar ni desembarcar a los turistas en ninguna de estas tres zonas, que son las consideradas "más calientes" del turismo de borrachera de Baleares.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha presentado esta nueva norma que pretende "combatir el turismo de excesos", fomentar el civismo y promocionar Baleares como un destino de calidad en el mundo.

El decreto ley tiene una vigencia de 5 años y se aplicará de manera inmediata. La norma respetará los contratos ya firmados entre turoperadores y hoteleros para evitar cualquier situación de inseguridad jurídica.

La nueva normativa prohíbe las prácticas peligrosas para la vida y la integridad física de las personas en los establecimientos turísticos de las islas, con un régimen sancionador que pone un acento especial en las faltas graves y muy graves.

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