La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para España en 2024 en una décima, hasta el 1,4%, y ha advertido al Gobierno de que es “necesaria” una consolidación fiscal “más fuerte y sostenida” para mantener la deuda pública en una senda descendente y poder financiar los gastos relacionados con el envejecimiento, entre ellos, las pensiones y la sanidad.
Esta es la principal reflexión sobre la situación de España que el organismo refleja en su último informe de previsiones macroeconómicas publicado este miércoles. En él, la institución con sede en París rebaja también el crecimiento esperado para este año desde el 2,5% augurado inicialmente hasta el 2,4%
No obstante, cabe recordar que la OCDE manejaba las previsiones más optimistas para 2023 de los principales organismos nacionales e internacionales. Ahora, opta por alinearse con el cuadro macroeconómico que el Gobierno remitió a la Comisión Europea en el Plan Presupuestario, en el que habla también de una expansión del 2,4%.
La cosa cambia, sin embargo, en 2024, cuando considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobreestima la capacidad de crecimiento de la economía española. El Gobierno proyecta un avance del 2%, pero la OCDE, que ya era de los más pesimistas, considera que la desaceleración económica será mucho más fuerte y rebaja esa estimación en seis décimas, hasta el 1,4%.
Este empeoramiento de las perspectivas económicas se explica en la moderación de las exportaciones e importaciones registrada en los últimos meses como consecuencia del mal momento que atraviesan los principales socios comerciales de España. A su vez, la traslación de la subida de tipos de interés sobre la economía se ha intensificado, reduciendo la facilidad de crédito e incrementado los costes de financiación, especialmente de las hipotecas, ya que el 70% de las firmadas son variables.
En 2025, en cambio, cree que la economía española se dinamizará otra vez y avanzará un 2%. Este crecimiento estará sustentado por los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a una reducción de las presiones inflacionistas.
En este sentido, la OCDE calcula que el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) cerrará este año en el 3,5%, para repuntar hasta el 3,7% en 2024 como consecuencia del fin de algunas de las medidas del paquete aprobado por el Gobierno para combatir la inflación, que presionaría los precios al alza. En 2025 ya se acercaría al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) y se moderaría hasta el 2,3%.
MAYOR ESFUERZO FISCAL
En lo que respecta a las finanzas públicas, la OCDE avisa al Gobierno de que la consolidación fiscal que prepara es todavía “leve”, por lo que le pide un ajuste “más fuerte y sostenido”. Así, aunque prevé que el déficit se reduzca este año hasta el 3,6% del PIB, una cifra mucho mejor que el 3,9% previsto por el Ejecutivo, avisa de que España no cumplirá con las reglas fiscales ni en 2024 ni en 2025 salvo que tome medidas adicionales.
En concreto, la OCDE calcula que el déficit de España se reducirá el próximo año y el siguiente hasta el 3,2% y el 3,1% del PIB, respectivamente. El Ejecutivo, en cambio, trasladó a Bruselas que en 2024 ya situará el déficit en el objetivo del 3%, aunque la Comisión recela también de este escenario.
Gobierno y OCDE discrepan también sobre la evolución de la deuda pública. El Ejecutivo de Pedro Sánchez afirma que se reducirá desde el 111,6% del PIB registrado en 2022, hasta el 108,1% este año y el 106,3% el próximo ejercicio. Desde París, por su parte, creen que se reducirá solo hasta el 109,5% en 2023 para repuntar al 110,1% en 2024.
En este contexto, la institución pide una consolidación fiscal “más fuerte y sostenida” para mantener la deuda pública en una senda descendente. Además, avisa de que este ajuste es “necesario” para pagar las pensiones y la sanidad, cuyos costes aumentarán por el envejecimiento de la población, así como para financiar inversiones que favorezcan el crecimiento económico.
Por último, la OCDE pide a España establecer un régimen fiscal “más respetuoso con el medio ambiente”, con una base impositiva más amplia y menos exenciones, y abogó por reducir las diferencias regulatorias entre regiones y fomentar proyectos de I+D a través de asociaciones entre empresas e institutos para mejorar la productividad y la innovación.