La Fiscalía de Perú pide 18 meses de prisión preventiva para Castillo
- El Gobierno saca al Ejército a las calles y declara la emergencia en la Red Vial Nacional
La Fiscalía de Perú ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, informó a EFE una fuente vinculada a la investigación que se sigue al exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
El requerimiento fue presentado por el fiscal supremo Uriel Teran, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, agregó la fuente. En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria a Castillo.
La solicitud de prisión preventiva abre la posibilidad de que se prolongue la detención preliminar que cumple Castillo, que debe culminar en principio hacia el mediodía de este miércoles, aunque esa decisión es competencia de las autoridades judiciales.
La emisora RPP agregó que el Poder Judicial ha programado la audiencia para evaluar el requerimiento fiscal, que estará a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, desde las 09.30 horas (14.30 GMT) de este miércoles.
La resolución de Checkley precisó que Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Torres, en su condición de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como presunto coautor en los delitos de rebelión y conspiración.
A diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad, al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal general peruana, Patricia Benavides.
La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.
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Por otra parte, el Gobierno de Perú ha anunciado la declaración de emergencia en la Red Vial Nacional, permitiendo que el Ejército salga a las calles en un esfuerzo por proteger los puntos estratégicos del país, entre ellos aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras clave, como las carreteras. "Se va a declarar en emergencia la Red Vial Nacional, para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos", ha declarado el ministro de Defensa, Alberto Otárola, a su salida del Consejo de Estado, según ha recogido la emisora RPP.
Asimismo, ha señalado que "se ha dispuesto la inmediata protección de las Fuerzas Armadas de puntos estratégicos nacionales, infraestructura que sirve para asegurar la vida de todos los peruanos".
