La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) ha aprobado este miércoles una enmienda para defender que las nuevas reglas de la Unión Europea contra la corrupción incluyan la prohibición para los Estados miembro de conceder indultos o amnistías por delitos de malversación.
La enmienda ha salido adelante con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, y se someterá a votación del pleno en su segunda sesión de febrero, entre los días 26 y 29, para su adopción definitiva.
"Los Estados miembro adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía en beneficio de quienes hayan sido considerados responsables de cualquiera de las infracciones penales a que se refieren los artículos 7 a 14 (de la directiva", indica la enmienda de compromiso firmada por el Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR, en el que se integra Vox).
El PSOE ha votado en contra de la enmienda, al igual que el resto de delegaciones socialistas, con la única excepción de la eurodiputada francesa Sylvie Guillaume, mientras que los Verdes se han abstenido, salvo la eurodiputada de ERC Diana Riba i Giner, que ha votado en contra.
El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha asegurado que esta enmienda pone en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez porque demuestra que en la Eurocámara "no se concibe que se indulten o amnistíen delitos de corrupción".
"Otra derrota de Sánchez", ha escrito en redes sociales, por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé.
En concreto, los delitos recogidos en los artículos mencionados son cohecho en el sector público, soborno en el sector privado, malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, abuso en el ejercicio de funciones, obstrucción a la justicia, enriquecimiento por delitos de corrupción e inducción, complicidad y tentativa.
El texto que resulte de la votación en sesión plenaria será el mandato negociador que marque las líneas rojas del Parlamento Europeo en la negociación con el Consejo (gobiernos) para la reforma con la que la Unión Europea quiere endurecer las normas para los delitos de corrupción.
Los Veintisiete no han acordado aún su posición para abordar esta reforma por lo que es previsible que las negociaciones entre las dos instituciones no se produzcan hasta la próxima legislatura, una vez pasen las elecciones europeas de junio de este año.