El Tribunal Superior Justicia de Madrid ha decidido enviar al Tribunal Supremo la causa por presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, al apreciar indicios de delito en el fiscal general, Álvaro García Ortiz.
El juez instructor de la causa, Francisco José Goyena, ha decidido el archivo de la misma en lo que respecta al fiscal Julián Salto y continuarla respecto a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal general, quien al ser aforado solo puede ser investigado por el Supremo.
Por ello, Goyena remite una exposición razonada al alto tribunal en la que recuerda que el propio fiscal general asumió la responsabilidad de haber ordenado la publicación de una nota de prensa con datos de González Amador.
Esa nota aclaraba algunos extremos de la investigación al empresario González Amador por un presunto fraude a Hacienda y de su propuesta de llegar a un acuerdo con el fiscal Salto para reducir su eventual condena ante informaciones que apuntaban a que el pacto lo habían ofrecido los fiscales y no el empresario, como había ocurrido en realidad.
El auto indica que esta actuación es necesaria dado que “nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado”.
La respuesta del fiscal general del Estado
Por su parte, El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de elevar al Tribunal Supremo la causa por presunta revelación de secretos relativa a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no alterará su trabajo al frente del Ministerio Público.García Ortiz insiste de nuevo en que asume la "responsabilidad última" de la publicación de la nota de prensa que "desmentía informaciones falsas" en relación con un investigado --la pareja de Díaz Ayuso-- por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental.