La Comunidad de Madrid vuelve a declarar desierta la licitación de las obras de la Ciudad de la Justicia

Por segunda vez consecutiva, la Comunidad de Madrid ha vuelto a declarar desierta la licitación mediante procedimiento de negociado sin publicidad del contrato de concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia del partido judicial de Madrid, ya que la oferta recibida "no se ajusta" a los criterios establecidos en los pliegos.

Así se le ha comunicado por escrito a la unión temporal de empresas (UTE) que había presentado su propuesta el pasado mes de febrero y posteriormente se ha publicado este viernes en el Portal de Contratación Pública, informa el Gobierno regional en un comunicado.

En concreto, la Mesa de Contratación, formada por seis funcionarios que han estudiado el expediente, ha determinado que la oferta no cumple con lo previsto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

A partir de este momento, el Gobierno regional buscará la mejor vía para reunificar las sedes judiciales y lograr una gestión más eficiente de los recursos a disposición de la Administración de Justicia, añade la nota.

500 MILLONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO EN VALDEBEBAS

La Administración regional autorizó en julio de 2022 la licitación para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid en Valdebebas, en la que pretendía concentrar los 356 órganos judiciales actualmente dispersos en veintiocho inmuebles de la ciudad.

La adjudicataria debería aportar 500 millones para la construcción del complejo que reuniría todos los órganos judiciales de la región y, a cambio, lo explotaría durante cuarenta años (incluyendo un año para la redacción del proyecto y tres para la ejecución de las obras), en los que recibiría un canon anual de 49,3 millones de euros de dinero público al que se sumarían otros ingresos por alquileres o cobro de aparcamiento.

En noviembre de 2022 quedó desierta la licitación al no recibir la Comunidad de Madrid ninguna oferta económica para la construcción, mantenimiento y explotación de la Ciudad de la Justicia, e inició los trámites legales para seguir avanzando en el proyecto del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso de reagrupar todos los órganos judiciales y fiscales del Partido Judicial de Madrid en un único enclave con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la Administración de Justicia.

El entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, afirmó en una entrevista con EFE que "la situación económica tan difícil que estamos viviendo en estos momentos", con el aumento de los precios en el sector de la construcción como consecuencia de la guerra en Ucrania, estaba afectando a "innumerables contratos que se están realizando en España y en Europa", pero confiaba en que el proyecto de la Ciudad de la Justicia pudiera salir adelante.

Una vez adjudicado el proyecto, el contratista tendría un plazo de un año para hacer el proyecto, otros tres para la construcción y 36 años para la explotación, dijo López.

Se trata del segundo intento para erigir la Ciudad de la Justicia tras el proyecto impulsado por la expresidenta regional Esperanza Aguirre.

Los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid acogieron con desconfianza la nueva Ciudad de la Justicia planteada por el Gobierno de Ayuso al considerar que se limitaba a "resucitar proyectos moribundos de Esperanza Aguirre que acaban despilfarrando dinero público y en sumarios judiciales".