Madrid derriba más de 600 chabolas en tres años

La apuesta del actual Gobierno municipal de Madrid, integrado por el PP y Ciudadanos, por erradicar la infravivienda en la capital se ha traducido en la demolición de más de 600 chabolas en poco más de tres años, una cifra que denota la abundancia de este tipo de asentamientos en la ciudad y que encierra, a su vez, complicadas realidades personales cuya solución está mucho menos clara.

Estas actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando de manera sostenida ('grosso modo', desmantela una chabola cada dos días) se pusieron de plena actualidad hace dos semanas, merced a un 'tuit' de la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), que pese a no tener competencias específicas en este asunto se fotografió, como ha hecho en otras ocasiones, junto a un asentamiento que estaba siendo desalojado.

"Mientras otros les abren las puertas, en Madrid trabajamos por un modelo de ciudad incompatible con la okupación", escribió Villacís, subsumiendo el fenómeno de la infravivienda en el marco de la okupación, lo que fue objeto de críticas desde diversos frentes e incluso desde su propio partido.

El asentamiento en cuestión estaba en los márgenes de la M-30, a la altura del puente de Ventas, y no era sino uno de los numerosos espacios chabolistas donde el Ayuntamiento ha intervenido desde junio de 2019.

Según detallan a Efe fuentes municipales, se han desmantelado asentamientos ilegales en 13 de los 21 distritos de la capital, la mayoría en la periferia, aunque también figuran en el listado algunos en el interior de la M-30: Arganzuela, Chamartín y Tetuán.

El resto son Barajas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Hortaleza, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Villaverde y Villa de Vallecas, distrito este último que sobresale por la presencia de la Cañada Real, uno de los mayores poblados chabolistas de Europa.

En la Cañada Real, por sus características singulares, los realojos avanzan con el impulso conjunto de la administración estatal, autonómica y local, pero en el resto de asentamientos el Consistorio interviene con sus propios recursos, lo que exige la coordinación de distintas áreas del Gobierno, destacando Desarrollo Urbano (para la localización y desmontaje de los poblados); Bienestar Social (para la atención a los habitantes); Seguridad y Emergencias (para aportar presencia policial); y Medio Ambiente y Movilidad (para la limpieza del área).

Denuncia Policial o vecinal, el primer paso

Desde el Área de Desarrollo Urbano explican que los expedientes de desmontaje de poblados chabolistas se inician principalmente por denuncias de Policía Municipal, aunque también por denuncias de particulares que reclaman contra esas ocupaciones de espacios públicos, y de oficio si esta dependencia tiene conocimiento de un nuevo asentamiento.

"En muchos de estos asentamientos se traficaba con drogas y se realizaban otros actos ilícitos, creando inseguridad e insalubridad al ámbito", aseguran estas fuentes, poniendo ejemplos como el de un asentamiento ilegal demolido en agosto, que se encontraba en una nave industrial abandonada en Villaverde, y en cuyo interior "se habían construido chamizos utilizados para el menudeo de drogas y actividades relacionadas con la prostitución callejera".

"También en Villaverde, este mes, se ha desmantelado un asentamiento en la calle Valle de Tobalina donde también se traficaba y consumía droga y generaban muchos perjuicios a los trabajadores de la zona", continúan desde Desarrollo Urbano.

Las personas, el gran reto

Una vez suprimidas las chabolas, el gran reto está en realojar e integrar a las personas que residen en ellas. Es una tarea asumida en primera instancia por el Samur Social, que de manera preventiva intenta localizar a las personas en situación de calle y fomentar la vinculación a la red de centros municipales, que cuenta con 1.576 plazas de alojamiento con pernocta.

Es difícil cifrar los individuos que se han visto afectados por la pérdida de sus chabolas, dado que el Ayuntamiento desconoce cuántos son, cuántos de ellos pasan a alojarse en recursos municipales y cuántos de ellos se quedan en la calle tras el desmantelamiento de sus precarias infraviviendas.

Es más, ni siquiera existe un recuento actualizado de las personas sin hogar que hay en Madrid; el último se hizo a finales de 2018, aún durante el mandato de Manuela Carmena. Como referencia, el portal estadístico municipal recoge que, en 2021, los equipos de calle del Samur Social atendieron a un total de 2.461 personas.

Fuentes del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social señalan que, a menudo, es difícil convencer a los habitantes de las chabolas para que se vayan a un centro municipal; pesan muchos prejuicios e ideas preconcebidas sobre las condiciones de esas instalaciones, y todo se complica "cuanto mayor es la trayectoria de calle" y si la persona en cuestión sufre adicciones o problemas de salud.

Por ello, la prioridad actual del Ayuntamiento en este campo es "generar plazas que tengan una dignidad", con una atención personalizada, y así poder "romper prejuicios" y evitar que las personas afectadas no opten por la calle cuando se quedan sin su infravivienda.