La Policía Nacional ha destapado un fraude de 2 millones de euros a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia, mediante el cobro de pensiones de personas fallecidas. En uno de los casos, una mujer de Madrid estuvo cobrando durante 31 años la pensión de su madre, aunque había muerto en 1985, y otra de las defraudadoras declaró a la Policía que seguía recibiendo la la paga de su progenitora porque "aún no había asumido su fallecimiento" y consideraba por ello que tenía derecho a cobrarlo.
Las investigaciones, según un comunicado de la Dirección General de la Policía, comenzaron a principios de año después de que la Tesorería General de la Seguridad Social, como organismo pagador de las pensiones, detectase varios casos en los que seguían siendo abonadas las mensualidades de la prestación a personas fallecidas. Durante la investigación han sido revisados 27 expedientes e investigadas 62 personas, de las que resultaron implicadas 19 de ellas por el fraude de 1.932.211,27 euros a la Seguridad Social, por delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales.
En el marco de la operación "Libitina", la Policía, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las entidades bancarias, descubrió a los actuales beneficiarios de la ayuda económica, la mayoría familiares, que lo conseguían "mediante la simulación, o falseamiento, de la vivencia de las personas muertas".
Según la Policía, los responsables del delito han resultado ser familiares de las personas fallecidas, siendo estos principalmente hermanos, hijos y sobrinos, tanto hombres como mujeres.
Se da la circunstancia de que en ciertos expedientes los causantes de la actividad delictiva también han fallecido, por lo que no se ha podido tomar declaración a ningún responsable, según el comunicado.
En el transcurso de la investigación ha sido realizado en cada caso un informe patrimonial de las personas implicadas, con el fin de que la Tesorería de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o en su caso el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades oportunas.
La Policía destaca que en la actualidad hay implantados diversos controles de la fe de vida de los beneficiarios de prestaciones, que funcionan "en tiempo prácticamente real" y en interrelación telemática entre las Administraciones.
Uno de los casos que destaca la Policía es el de una mujer de Madrid que estuvo cobrando durante 31 años la pensión de su madre fallecida, desde marzo de 1985 hasta octubre de 2016, con un montante total de 173.170,43 euros defraudados. La mujer se valió de ardides diversos para engañar a la Administración, mediante certificados de fe de vida de su madre que entregaba en el banco o en la Seguridad Social, o con fotocopias del DNI de la fallecida, junto con el suyo, para acreditarse como persona facultada por su madre para sacar de la cuenta bancaria la paga.
Otra mujer, destaca la Policía, manifestó a los agentes que seguía haciendo uso de la pensión de su progenitora "porque aún no había asumido el fallecimiento de su madre" y, por tanto, creía que aún le correspondía el cobro legal de la pensión.
En esta operación policial han participado Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial-Policía Nacional, en colaboración con las Jefaturas Superiores de Andalucía Occidental y Oriental, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia.
