El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha avisado este martes de "un colapso inmediato" en la Administración de Justicia por la denegación por parte del 'Ministerio Fantasma' de un tercio de los refuerzos de magistrados en los juzgados madrileños, lo que aboca a pasar a procedimientos que tardarán hasta cinco años en obtener una sentencia.
En una rueda de prensa, el decano y la vicedecana del Colegio, Isabel Winkels, han alertado sobre la grave situación que atraviesa la Justicia española por las diferentes huelgas y la inacción del Ministerio de Justicia al no prorrogar los refuerzos de magistrados en juzgados sensibles como de Familia y Violencia sobre la Mujer.
Así, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia ha procedido a rechazar "por razones de disponibilidad presupuestaria" ocho de las 28 solicitudes referidas a sedes judiciales madrileñas, del conjunto de peticiones cursadas el pasado mes de abril del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la aprobación de diversas medidas de refuerzo.
Manifestación en Madrid con la "esperanza" de retomar el diálogoMiles de funcionarios de juzgados y tribunales, en huelga indefinida desde hace más de un mes, se han manifestado este martes en el centro de Madrid con la "esperanza" de que el Ministerio de Justicia retome con los sindicatos un diálogo que se rompió a principios de este mes sin ofertas sobre la mesa.
Pese a que los trabajadores ya están empezando a notar el impacto de la huelga en sus nóminas, con penalizaciones de entre 1.000 y 1.200 euros al mes, Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF, el sindicato mayoritario en este sector, ha asegurado a los medios que mantienen la "esperanza" y que buscarán "hasta el final" una "solución negociada que beneficie a los trabajadores, al servicio público y a los ciudadanos".
Entre 3.000 personas, según las autoridades, y 10.000, según los convocantes, han partido a la una del mediodía del Ministerio de Justicia, cuando los termómetros de la calle marcaban hasta 40 grados al sol, y han recorrido la Gran Vía madrileña hasta llegar a la sede de Hacienda y Función Pública, en la calle Alcalá.
Los sindicatos piden una subida en línea con estas, de entre 350 y 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, así como la negociación de cualquier nueva ley que afecte a sus condiciones de trabajo.
"El Ministerio está muy cerrado", ha reconocido Jordán al inicio de la marcha, y ha recordado que, desde que arrancaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril, el departamento que dirige Pilar Llop "no se ha sentado a negociar y no ha puesto una propuesta encima de la mesa", lo que ha calificado de una "humillación" para los trabajadores.