La huelga de funcionarios de Justicia obliga a suspender 422 vistas en Madrid

La huelga de funcionarios de Justicia ha obligado a suspender un total de 422 vistas señaladas este martes en la Comunidad de Madrid, según datos recogidos por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

El paro de 24 horas llega a este miércoles con nuevas protestas a las puertas del Ministerio de Justicia para pedir una nueva reunión tras la del 24 de abril para exigir mejoras de sus condiciones laborales.

Desde STAJ, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, piden que se negocie con ellos al mismo nivel que con las asociaciones de jueces y fiscales, a las que ya se les ha ofrecido un aumento del salario. “Que atiendan a los Cuerpos Generales, que llevamos en huelga ya prácticamente un mes y continúan sin activar la negociación. Hay que distinguir entre jueces y fiscales, y los Cuerpos Generales, somos el 93%, somos los que sacamos el montón de todo el trabajo”.

Quieren negociar para delimitar sus funciones y replantear la Ley de Eficiencia Organizativa, que, según explican, “pretende reducir las plantillas y quitar la especialización de los trabajadores”. Por otro lado, resaltan que están trabajando por encima de reglamentado para que se pueda atender al ciudadano.

Las huelgas y parones en la Justicia española empiezan a ser una constante desde que comenzó el año, una circunstancia que está produciendo retrasos en los procesos judiciales que empiezan a colapsar los juzgados, dejando a miles de personas afectadas.

Las asociaciones de jueces y fiscales se pusieron de acuerdo para posponer su huelga al 22 de mayo y dar más margen a las negociaciones con el Gobierno, para lograr una subida salarial que deje satisfechos a todos. Los 46 millones de euros propuestos por el Ministerio de Justicia no han sido suficientes, así que este miércoles se han vuelto a reunir para intentar llegar a un acuerdo que desbloqueé la situación.

¿Cómo afectan los paros a los ciudadanos?

Solo con los paros de los letrados, que se han prolongado más de dos meses, se suspendieron unos 400.000 juicios y vistas, dejando paradas unas 480.000 demandas, según datos de las asociaciones profesionales convocantes. Además, se han mantenido parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.500 millones de euros. Estas cuentas que exigen los jueces para cumplir las decisiones de carácter económico se adoptan por ejemplo en procesos judiciales para garantizar pensiones y manutenciones a mujeres maltratadas o en casos de divorcio.