El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado a la Universidad Complutense los convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias de la institución y los currículum de los directores y codirectores.
Lo hace en una providencia fechada el pasado 30 de julio, día en que el juez Juan Carlos Peinado se desplazó a la Moncloa para tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo, que se acogió al derecho a no declarar contra su mujer, y tras lo que la Abogacía del Estado presentó una querella contra el magistrado por presunta prevaricación.
En la providencia, conocida este viernes, el magistrado acuerda librar oficio a la Universidad Complutense de Madrid "a fin de que aporten los convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias creadas y con los curriculum vitae de los directores y codirectores".
Sobre este asunto el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, investigado en la causa, negó irregularidades en la designación de Begoña Gómez como codirectora de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva, afirmando que era "una cátedra más" sobre la que él simplemente trasladó la propuesta al entonces vicerrector, Juan Carlos Doadrio, que fue quien se encargó al tener la competencia en esos asuntos.
En la misma providencia el juez también solicita a la Fundación Deporte Joven que aporte "los contratos realizados con Innova Next", la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés, sobre el que gira la causa al haber sido adjudicatario de varios contratos públicos, según las acusaciones posiblemente por su relación con Gómez.
El pasado lunes el juez tomó declaración como testigo -sin que trascendiera su contenido- al director de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD), Félix Jordán de Urríes, a quien un abogado ajeno a la causa identificó en un escrito como la persona que puso en contacto a Begoña Gómez con Barrabés cuando era profesor de esquí cerca de Benasque, localidad oscense donde nació el empresario.
En la providencia el juez también ordena al Instituto Empresa (IE) que aporte el contrato laboral realizado entre la institución África Center -un organismo del IE- y Begoña Gómez.
Lo hace después de que el pasado lunes el presidente del IE, Diego del Alcázar, declarara como testigo que la contratación de Gómez como responsable del África Center se fundamentó en que tenía un currículum adecuado, como ya se explicaba en la documentación que envió al Senado en una comisión de investigación.
Los contactos para contratar a Gómez arrancaron en febrero de 2018, cuando Pedro Sánchez era aún el líder de la oposición; meses después, en agosto y cuando ya ascendió a La Moncloa, se firmó el contrato, que contaba con una cláusula de incompatibilidad que impedía contratar con entidades públicas, indicaron a EFE fuentes próximas al IE.