España es uno de los 5 países de la OCDE que no tienen un plan estratégico anticorrupción
- Asimismo, está entre la mayoría de Estados (21 de 38) que no han establecido definiciones claras en su reglamentación sobre los grupos de presión y cabildeo
España es uno de los cinco países de la OCDE, con Canadá, Irlanda, Islandia y Noruega, que no han adoptado un plan estratégico para reducir los riesgos de corrupción con un sistema de integridad coherente y global, que es una de las grandes recomendaciones de la organización.
En su primer informe comparativo sobre las reglas existentes contra la corrupción y su aplicación práctica, publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explica que desde 2020 muchos de sus miembros han elaborado esa estrategia global, y ya son un 71% del total.
Además, junto a los cinco identificados como carentes, también hay otros seis (Bélgica, Israel, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Eslovenia) que no han aportado datos que permitan determinar si cuentan o no con ese plan global.
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Los autores señalan que hay países que disponen de un marco de lucha contra la corrupción y de promoción de la integridad de nivel institucional adoptado por ministerios y organismos públicos.
Pero ponen el acento en que "sólo una estrategia adoptada por el Consejo de Ministros o por una instancia equivalente puede considerarse un enfoque estratégico a escala de toda la Administración y con posibilidades de suscitar un apoyo político más amplio".
Para ilustrarlo, se refieren a los casos de Chile y Grecia, que en los últimos años han elevado su acción al nivel de un enfoque estratégico para toda la Administración.
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Sin registros ni definición de los grupos de presión
España está, por otra parte, entre la mayoría de Estados (21 de 38) que no han establecido definiciones claras en su reglamentación sobre los grupos de presión y cabildeo, algo que se considera como un principio de base para luego fijar otras normas que eviten una influencia indebida y asimétrica.
Igualmente, figura en el grupo de 15 que no tienen registros de grupos de presión o no son accesibles al público, lo que constituye un obstáculo a la transparencia sobre quiénes intervienen en la elaboración de la acción pública.
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Sobre los conflictos de intereses, España se sitúa prácticamente en la media de la OCDE en lo que se refiere a la reglamentación, lo que significa que sus normas cumplen un 78 % de los criterios definidos por la organización.
Además, mientras el cumplimiento medio de esas reglas para evitar conflictos de intereses es del 40% en la OCDE, en España se cumplen mucho más, al 89%.
